La Sala Tercera Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema no accedió a una petición del abogado Carlos Carrillo para suspender el inicio de una investigación contra el legislador colonense Miguel Bush, relacionada con la explotación de la cantera La Moña.
Carrillo había presentado una demanda para que se suspendiera la resolución S/N emitida por la Contraloría en donde se daba inicio a una investigación contra el legislador.
El 5 de enero de 2002 la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría ordenó la cautelación del bien, al considerar que había "indicios" de que el legislador causó una lesión al Estado al explotar la cantera sin el permiso de las autoridades.
A través del edicto No. 1663 la Sala Tercera notificó que no accedía a la petición realizada por Carrillo y mantiene la decisión de la Contraloría de investigar al legislador Bush, quien explotaba una cantera en la provincia de Colón.
Sin embargo, posteriormente Bush presentó una denuncia penal contra el contralor Alvin Weeden, que fue acogida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
