La Corte Suprema de Justicia no admitió un Amparo de Garantías presentado por la empresa Inversiones Hernández y Ventas de Cemento S.A., supuestamente vinculadas con personas allegadas al gobierno, contra una orden expedida por la Dirección de Aduanas que ordenaba el decomiso de 184,386 sacos de cemento que fueron desembarcados en el Puerto Armuelles y que se presume no cumplieron con los requerimientos legales necesarios para su ingreso al país.
De acuerdo con esta decisión, los representantes legales de la empresa no agotaron las vías para impugnar la resolución expedida por Aduanas, institución que investiga cómo se accedió al permiso para la importación de ese volumen de cemento tipo Portland No 1.
Alegó que es necesario que se agoten todos los medios de defensa procedentes en este tipo de casos, ya que el Departamento de Fiscalización Aduanera se ocupa de investigar los delitos aduaneros y que tras la fase de instrucción se pasa a la plenaria y que es ante esa instancia que se deben presentar las apelaciones correspondientes.
Detalla que no se ha dado cumplimiento a todo el proceso de investigación, ya que éste se encuentra en su fase incipiente de tramitación procesal y que debe esperarse su conclusión, para entonces presentar los recursos legales establecidos por la ley.
Aduanas investiga una posible doble facturación dentro del proceso de importación del cemento, cuando el pasado 29 de marzo del presente año llegó el citado embarque a Puerto Armuelles procedente de China Continental.
También una empresa cuyo nombre aún no se ha dado a la luz pública, presentó una queja contra la importación del cemento.
El embarque de la mercancía despertó sospechas, ya que se hizo llegar a Puerto Armuelles, punto poco utilizado para este tipo de transacciones.
