La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo del Primer Tribunal en donde ordena al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proceda al pago de B/.3.6 millones en concepto de honorarios al abogado Candelario Santana, quien fungió como representante legal del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en el proceso de privatización.
Bajo la ponencia del magistrado Arturo Hoyos, la Corte rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la abogada Rosa Pérez, quien alegó que la resolución emitida por el Primer Tribunal era ilegal.
No obstante, en su decisión los magistrados de la Corte establecen que el recurso presentado es improcedente, debido a que la abogada Pérez no agotó todos los trámites previsto por la ley para la impugnación de la resolución judicial.
Según la Corte, la abogada Pérez debió presentar una tercería excluyente a favor de los amparistas para debatir sus derechos de propiedad sobre el dinero embargado por Santana como parte de sus emolumentos.
Un grupo de trabajadores del IRHE se resistió al pago de los honorarios de Santana que corresponden al 4% de los dineros producto de la privatización de la estatal eléctrica y que fueron aprobados por todos los centros de trabajo.
No obstante, tanto el Juzgado Séptimo Civil como el Primer Tribunal de Justicia fallaron a favor de Santana y ordenaron al MEF el pago de los honorarios, pero a la fecha el ministro Norberto Delgado se ha resistido a realizar el desembolso.
