La suspensión de la explotación minera en cinco zonas de la provincia de Chiriquí fue ordenada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar posibles daños ecológicos y sociales en la región.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, suspende los efectos del contrato N.º 006 de 16 de febrero de 2005, celebrado entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la compañía CUPRUM RESOURCES Corp. para la explotación de minerales metálicos.
La actividad abarcaba cinco zonas correspondientes a la comarca Ngöbe Buglé, que son: la Emplanada de Chorcha, Soloy y Boca de Balsa, distrito de Besikó y Guariviana, distrito de Kankintú.
La medida del Tribunal de Justicia se sustenta en la ausencia de participación ciudadana, los posibles daños ecológicos que pueden sufrir o esté sufriendo la población y la no existencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizando la ejecución del contrato.
Según el fallo, cualquier actividad minera que se realice sin ajustarse a la legislación vigente atenta contra los valores ecológicos del país, pudiendo provocar graves afectaciones e, incluso, con daños irreversibles.
La autoridad judicial ejerce el deber del Estado para con todos los habitantes del territorio nacional, de propiciar un desarrollo social y económico sin contravenir el equilibrio ecológico y protegiendo los pueblos indígenas.
Eliseo Vargas, dirigente indígena, manifestó que la suspensión de este proyecto constituye un despertar de los organismos del Estado, sobre todo, cuando proviene de la máxima instancia de justicia del país.
Sostuvo que la lucha de los pueblos indígenas no tiene color ni banderías políticas, sino que buscan hacer valer sus derechos sobre el territorio y protegerlo.
La Autoridad Nacional del Ambiente rechazó, el año pasado, el Estudio de Impacto Ambiental, tras argumentar que se encontraba en áreas protegidas y comarcales.
Además, por presentar información inconsistente, pues no establecía cuál será el manejo y disposición de las aguas residuales ni el proceso para remediar derrames.
La Alianza para la Conservación y Desarrollo denunció que esto no ha sido impedimento para que continúen con las exploraciones en el área.
