La Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, reveló ayer que solicitó un presupuesto de B/.58.2 millones para el próximo periodo, para poner en funcionamiento una serie de programas para eliminar la mora judicial.
Franceschi de Aguilera explicó que estos fondos estarán destinados a mantener de forma permanente 14 juzgados creados de manera temporal y que han contribuido a la evacuación de un 62 por ciento de los procesos civiles y de familia en trámite, que de otra manera se tardaría mucho tiempo en resolverlos.
La funcionaria explicó que una cantidad sustancial de los fondos solicitados estarán destinados al funcionamiento del Organo Judicial, pero que un porcentaje estará orientado a establecer programas para evacuar unos 50 mil expedientes en trámite en las diversas instancias judiciales.
Dijo que el presupuesto del presente año fue de B/. 32.5 millones y que éste fue insuficiente para resolver los problemas de mejoramiento de administración de justicia y que si el monto solicitado no sufre recortes, habrá una gran mejoría en la evacuación de los procesos judiciales.
Así mismo indicó que también es necesario modernizar los equipos de computación utilizados dentro del Organo Judicial, ya que un estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá determinó que más del 50 por ciento del equipo en uso es obsoleto y que de sufrir algún tipo de daño, debería ser considerado como chatarra.
Explicó que durante la comparecencia al Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar la vista presupuestaria, se recalcó la necesidad de destinar más recursos a la creación de nuevos juzgados y a la capacitación de todo el personal encargado de administrar justicia.
Algunas organizaciones de abogados han propuesto la creación de una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia para lograr un trámite más rápido de los recursos de habeas corpus y amparo de garantías constitucionales.
Estos grupos han señalado que en la actualidad, resolver un habeas corpus tarda varias semanas, cuando éste es un recurso que debe ser resuelto en término de pocas horas, por que en la mayoría de las ocasiones está destinado a proteger libertades fundamentales del individuo.
