La Corte Suprema de Justicia le aplicó un impedimento de salida del país al abogado Luis Banqué y también le obliga a notificarse cada 15 días ante la Fiscalía Auxiliar, dentro del proceso seguido a la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines, a los concejales y otras cuatro personas por un presunto fraude de B/.300 millones mediante la impresión y comercialización de bonos.
En su decisión la máxima corporación de justicia reemplazó la medida de casa por cárcel impuesta a Luis Banqué, quien fungía como asesor legal del Consejo Municipal de Colón, y dispuso que éste se mantenga dentro del territorio nacional hasta que se esclarezca su participación en la supuesta elaboración fraudulenta de los bonos.
De acuerdo con las sumarias, en su declaración indagatoria el tesorero municipal de Colón, José Mercedes Brown, aseguró que Banqué fue la persona que le explicó sobre la legalidad de los bonos, con base a las normas en donde facultaban al Consejo Municipal para su confección.
También en el expediente se hace referencia a una nota con contenido falso sobre la certificación del aval del Estado y la legalidad de los mismos. De acuerdo con las investigaciones esta nota se escribió en la computadora del abogado Banqué.
En las investigaciones sobre el supuesto fraude se establece que las empresas promotoras Constructora Rivera y Trident Plus nunca presentaron estudios de factibilidad de los proyectos y menos ensayos sobre su impacto ambiental, ni maquetas, además de no haber adjuntado las certificaciones de su existencia jurídica y solvencia económica.
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