La Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de amparo de garantías constitucionales presentado por el fiscal primero superior Manuel Sucari contra el decreto ejecutivo No. 201, por el cual se concedió un indulto a César Augusto Pardo, a quien se acusó de practicar ilegalmente la medicina.
No obstante, la máxima corporación de justicia advirtió que próximamente resolverá la constitucionalidad o no del decreto 201 de 30 de agosto de 1999, ya que existe una gran cantidad de recursos contra los indultos concedidos por el expresidente Ernesto Pérez Balladares a un gran número de personas condenada por delitos comunes y otros cuyos procesos no habían culminado.
El fiscal primero de circuito Manuel Sucari interpuso el citado recurso bajo el argumento de que el hijo de un expresidente de la Asamblea Legislativa se encontraba procesado por un delito común y no por faltas de carácter político como lo tiene previsto la ley.
Dentro de su recurso, Sucari aseguró que en este caso el indulto no es correspondiente, ya que dentro del proceso contra Pardo, el tribunal no ha dictado sentencia y que en última instancia este delito es penal y no político.
La fiscalía inició una investigación contra César Pardo por los presuntos delitos de ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documento. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la detección de una serie de diplomas de medicina falsos provenientes de la Universidad de Puebla, México, y descubrir que muchos supuestos médicos no estaban preparados para ejercer esa profesión.
Durante la investigación la fiscalía abrió procesos contra unos 30 médicos falsos, varios de los cuales ya han sido condenados por los tribunales, en tanto que otros se encuentran prófugos de la justicia y se ha requerido su detención.
También se detectaron algunos diplomas correspondientes a médicos veterinarios, presuntamente alterados, por lo que se abrió otro expediente para determinar esta irregularidad.
