En una decisión de cinco contra cuatro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no admitieron un recurso de habeas data que perseguía lograr el acceso al informe de auditoría ambiental de la Contraloría, realizado en Arraiján, relacionado con la posible lesión patrimonial por B/.10,000 por la extracción y venta de material pétreo de una cantera en donde se involucra al alcalde de Arraiján, Jaime Barroso; al legislador del PRD, Vicente Magallón, a Rogelio Paredes y Olmedo Guillén.
En el recurso presentado por José P. Ozuna se solicitaba ordenar al contralor Alvin Weeden conceder acceso al informe de auditoría, en donde presuntamente se establece que Paredes, Magallón y Olmedo Guillén extrajeron tosca de una cantera ubicada en el corregimiento de Nuevo Arraiján y la vendieron a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).
Según el escrito, la extracción de materiales se realiza sin cumplir con las formalidades establecidas en la Ley No. 55 de 10 de julio de 1973 y prueba de ello es que la Dirección de Recursos Minerales los multó con B/.10,000 por incurrir en desacato al extraer la tosca sin permiso.
Sin embargo, los magistrados Adán Arnulfo Arjona, César Pereira Burgos, Graciela Dixon y José Troyano, emitieron un salvamento de voto por no estar de acuerdo con el resto de sus colegas, quienes decidieron no admitir el recurso bajo el argumento que el accionante no demuestra en su petición poseer interés legítimo que le permita justificar su solicitud.
Los magistrados disidentes sostienen que la información solicitada guarda relación con un informe elaborado por la Contraloría, luego de una auditoría a la Alcaldía de Arraiján.
