La Corte Suprema de Justicia rechazó, por falta de pruebas, dos quejas presentadas contra el Magistrado del Segundo Tribunal Superior Joaquín Ortega por presuntas faltas a la ética en el ejercicio de sus funciones.
La máxima corporación de justicia rechazó la queja presentada por el abogado Ramón Castellanos dentro del proceso por el asesinato del niño Marcos Rodríguez Justine, perpetrado en abril de 1990 y cuyo cuerpo apareció en la vía Juan Pablo II.
Según la Magistrada Ponente Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, el abogado Castellanos no aportó las pruebas correspondientes sobre su denuncia sobre abuso de autoridad y encubrimiento por extensión.
De acuerdo con la Magistrada Franceschi de Aguilera, un examen detallado de las pruebas examinadas demuestra que ninguna vincula directamente al magistrado Ortega con los hechos cuya comisión se le imputa, los cuales ocurrieron, según el acusador, durante la celebración de la audiencia.
También señala que los elementos probatorios que reposan en el expediente se circunscriben en su mayoría a la etapa previa a la instrucción sumarial, en la que no había intervenido aún el magistrado Ortega.
Castellanos acusó al magistrado Ortega por aceptar una serie de pruebas de manera indebida, suspender la audiencia antes de la hora programada e impedirle a uno de los sindicados ejercer su derecho a defenderse durante la audiencia, coaccionar al jurado de conciencia y por deliberar y dictar el veredicto, en lugar del jurado de conciencia que conoció el caso.
En tanto, otra queja presentada contra el magistrado Ortega presentada por Luis Gilberto Garrido Salazar fue desestimada por faltas de pruebas que lo relacionen con las supuestas faltas cometidas en su contra.
La queja presentada por Salazar se sustentaba en una supuesta declaración hecha por el magistrado Ortega a Octavio Paz Núñez, en la que lo vinculaba con el asalto perpetrado contra la empresa de valores Brinks.
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