La Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia negó el concepto favorable para la destitución del director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada, que fue solicitada por el procurador José Antonio Sossa por insubordinación; no obstante, censuró la conducta de resistencia desplegada por los agentes de ese organismo de investigación.
A su vez, los magistrados ordenaron a la PTJ la apertura de una investigación sobre las denuncias de maltratos físicos a los detenidos Raj Tikandas Mayani, Héctor Brands, César Julio Ortiz y Rubén Darío González, arrestados por el presunto secuestro de Katherine Gómez, situación que originó el conflicto entre el procurador Sossa y Moncada.
En el fallo, bajo la ponencia del magistrado Rogelio Fábrega, se establece que si bien la conducta de resistencia de los funcionarios de la PTJ resulta "reprochable" esta acción no puede acarrear su destitución.
También señala que la "inspección" a la PTJ que pretendió ejecutar el procurador Sossa debió ser realizada con la prudencia que impone el ejercicio de las funciones públicas de ambas entidades.
A la vez indica que es potestad del procurador fiscalizar la conducta de los funcionarios bajo su dirección, pero que la misma ha de realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y que la resistencia injustificada de los agentes de la PTJ se originó en el ejercicio desbordado de poder efectuado por el procurador.
Detalla que tal situación no podía traer más consecuencia que las acciones y reacciones ocurridas, las que no se hubiesen producido de haber ejercido el titular del Ministerio Público la potestad de dirección, vigilancia y control de manera mesurada.
Establece que el despliegue de armas de fuego ejecutado de parte y parte no era necesario para realizar las funciones de dirección, vigilancia y control que indiscutiblemente ostenta el procurador general de la Nación con respecto a la PTJ.
En la decisión de la Sala Cuarta se deja establecido que la Ley 16 de 1991 no determina las causales de destitución del jefe de la PTJ y que ante esto se tomaron en cuenta las establecidas en el artículo 283 del Código Judicial.
Paralelamente, la Iglesia Católica emitió un comunicado en donde señala que las denuncias y acusaciones de violaciones a los derechos humanos surgidas entre el Ministerio Público y la PTJ revelan una crisis en la administración de justicia, en especial en lo concerniente a la investigación y persecución del crimen.
Según la Iglesia, es necesario una aclaración seria y amplia de cada una de las denuncias que se han divulgado en los medios de comunicación y que se tomen las medidas pertinentes para recuperar la confianza en estas instituciones.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
