Corte resuelve recursos contra Troitiño y Hoyos

EL PLENO de la Corte Suprema de Justicia sólo discutió ayer las recusaciones presentadas contra los magistrados Arturo Hoyos y Esmeralda de Troitiño, dentro del amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del separado magistrado César Pereira Burgos y pospuso la discusión de la inmunidad de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Una fuente judicial reveló que en la sesión de ayer los magistrados sólo discutieron las recusaciones presentadas por el abogado de Pereira Burgos, contra Hoyos y Troitiño, para que se les separara del conocimiento del amparo de garantías presentado contra la orden que declaró vacante el cargo de César Pereira Burgos.
El abogado José Salvador Muñoz, representante legal de Pereira Burgos, planteó que no se le suministró la decisión asumida por el pleno, por que existían algunos salvamentos de voto.
Muñoz explicó que la decisión aún no se encuentra ejecutoriada, pero que en los próximos días se puede tener la resolución firmada por los miembros del pleno.
Muñoz presentó una recusación contra Hoyos, bajo el argumento que éste había realizado declaraciones públicas con relación a las actuaciones del Organo Ejecutivo que produjeron la salidad de Pereira Burgos de la Corte y que esta situación era causal de impedimento para que conociera el amparo presentado.
En cuanto a Troitiño argumentó que debía ser considerada parte interesada, ya que fue la persona designada en remplazado de su cliente.
En este caso, la máxima corporación de justicia no ha entrado al fondo del amparo para determinar si procedía o no la declaración de vacante del cargo de Pereira Burgos.
En sentido, el ex magistrado Edgardo Molino Mola alegó que un amparo debe ser resuelto de manera expedita y que en este caso hay una dilatación.
En este caso se han generado discusiones sobre la legalidad del nombramiento de Troitiño.
El principal señalamiento es el hecho que al utilizar una ley para remover a un magistrado, se violenta la Constitución, que establece estos cargos por un tiempo definido.
La Ley No. 61 de 20 de agosto de 1998, conocida como Ley Faúndes, que excluye de la aplicación de esta norma a los docentes de las universidades estatales, ha sido demanda por inconstitucional por el Procurador José Antonio Sossa.