En sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se decidió separar como juez de garantía al magistrado Harry Díaz, en el caso Cobranzas del Istmo, y en su lugar designar a Jerónimo Mejía.
La decisión de los magistrados se da debido a que en el 2010, el magistrado Díaz formó parte del "equipo evaluador" que analizó y certificó que la empresa Cobranzas del Istmo S.A. contaba con todos los requerimientos legales y administrativos para cumplir la labor de gestor de cobros de la Dirección General de Ingresos (DG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En su momento, el abogado Ernesto Cedeño dijo que había un conflicto de intereses. "El artículo 53 del Código Procesal Penal dice que el juez de garantías debe declararse impedido cuando ha intervenido en la formación del acto que originó la actuación correspondiente".
El magistrado fiscal en este caso en el que se investiga el presunto delito contra la administración pública es Abel A. Zamorano.
