La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Procuraduría General de la Nación, la práctica de una serie de pruebas en siete bancos locales y la investigación de otras siete empresas, al acceder a una segunda asistencia judicial solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala, dentro de una de las investigaciones seguida al presidente de ese país, Alfonso Portillo, y varios de sus colaboradores.
La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia declaró viable una segunda asistencia judicial en la que se solicita se le tome declaración al abogado Sidney Sittón, para que suministre la legitimidad de una serie de informes suministrados a medios de comunicación.
También la Corte accedió a que se investiguen una serie de cuentas abiertas en los bancos Bipan, Pribanco, Credicorp Bank, Overseas Bipan, Banco Continental, BAC, el Banco Bilbao y Viscaya para determinar si corresponden a colaboradores de Portillo.
A su vez también entre las diligencias aceptadas se encuentran la posible participación de colaboradores de Portillo en las empresas Inversiones Segovia, Hamish Holding, Ocean Petroleum, Corder Asociates y se tome declaración a Ana Isabel Carrillo, Eyra González, Elvis Pérez, Griselda Suárez de Castillo.
Por otra parte, también se solicitó verificar el aterrizaje en el territorio panameño del avión presidencial SKA-300 con matrícula TG-CPFA. Aquí se intenta verificar si la citada aeronave tocó tierra nacional en fechas posteriores al 14 de enero del 2000.
Otras de las empresas que solicitó sean analizadas son Galaway Holding, Higlands Consulting y Jano Corp, para determinar si alguno de los colaboradores de Portillo ha mantenido algún tipo de participación en ellas.
La investigación en Guatemala incluye al presidente Alfonso Antonio Portillo, su secretario privado Julio César Girón y del vicepresidente Juan Francisco Reyes López.
Las indagatorias también se han hecho extensivas a Juan Francisco Reyes Wylb (hijo del vicepresidente), César A. Medina, Juan Antonio Riley y Douglas Urrutia Jérez, quienes se presume desviaron importantes cantidades de dinero de fondos públicos hacia bancos panameños.
La investigación contra el presidente Portillo se inició el 5 de marzo del pasado año cuando se realizaron una serie de publicaciones en donde se señalaba había intentado abrir cuatro empresas y 13 cuentas bancarias aquí, en las que pretendían hacer transferencias de dinero por el orden de B/.150,000 y B/.300,000 por mes.
El pasado mes el fiscal Segundo de Drogas, Patricio Candanedo, remitió la primera asistencia judicial solicitada por Guatemala y ahora le corresponderá realizar esta segunda investigación.
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