Corte Suprema falla a favor de trabajadores

EN UNA decisión que puede ser calificada de histórica, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dos frases del Decreto Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005, que obligaban al pago de impuesto sobre la renta sobre los gastos de representación de los servidores públicos y de los trabajadores del sector privado más allá del 10%.
Bajo la ponencia del magistrado Arnulfo Arjona y el respaldo de sus colegas Winston Spadafora y Víctor Benavides, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, declaró nulas las frases "a efectos de pagar la diferencia" y "para pagar la diferencia".
Éstas establecían que los contribuyentes que recibieran pagos por gastos de representación debían pagar impuestos por las sumas adicionales, a las que ya se le hubieran retenido en razón del 10% del total de dichos gastos.
Los magistrados estimaron que el reglamento violaba el principio de reserva legal tributaria contenido en el artículo 52 de la Constitución y configuraba un exceso reglamentario del Ejecutivo.
Según el fallo, el contribuyente tiene el derecho a la certeza de que sólo se le puede exigir el cobro de aquellas sumas que estén explícitamente determinadas en la ley formal, sin necesidad que deba emprender una investigación para conocer la naturaleza y alcance de sus obligaciones fiscales.
También señala que permitir a un órgano administrativo, distinto a la Asamblea Nacional, determinar los supuestos para la estimación de la base del impuesto y su cuantía, haría trizas el principio de legalidad tributaria.
La demanda fue presentada por el abogado Jorge Omar Brennan, bajo el argumento de que la retención ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas no aparece consagrada dentro de los artículos 732 y 734 del Código Fiscal.
Además, señala que la retención del impuesto sobre la renta sólo se hará hasta el 10% del total del gasto de representación, que perciban en un período fiscal todos los servidores públicos y trabajadores.
El pronunciamiento de la Corte Suprema reconoce por primera vez que los ciudadanos gozan del derecho a la seguridad y certeza en el campo tributario.
La decisión estima que el reglamento expedido por el Ejecutivo violaba el principio de reserva legal tributaria contenido en el artículo 52 de la Constitución.