La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte ordenó la suspensión provisional del acta No. 1 de 13 de enero del 2000 emitida por el Comité Ejecutivo de la Zona Libre del Colón por la cual se asignaban 26 hectáreas a la empresa Motores Internacionales y que serían utilizadas para el desarrollo del Centro Multimodal, Industrial y Servicios (CEMIS).
Esta decisión de la sala impediría el desarrollo temporal del citado proyecto hasta que esa corporación de justicia decida el fondo de la demanda de nulidad presentada por los abogados del empresario Lew Rodin.
Dentro de la resolución emitida por los magistrados de la Sala Tercera se establece que acceden a la petición de suspensión provisional del citado acto, debido a que el material probatorio contenido en el expediente parece indicar que los actos impugnados pudieron ser expedidos con infracción de las normas legales y devenir en perjuicios graves para la empresa Motores Internacionales.
También señala que de la actuación ejercida por el Comité Ejecutivo de la Zona Libre surge a primera vista, una violación ostensible del artículo 68 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas.
Precisa que en la norma antes mencionada se establece que toda sociedad anónima puede vender, arrendar, permutar o de cualquier forma enajenar todos o partes de sus bienes, siempre que ello sea autorizado mediante resolución por los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho a votación en el asunto, pero que en el caso de Motores Internacionales no fue constatado por la Zona Libre de Colón.
Las 29 hectáreas a las que se refiera la decisión de la sala es parte de la disputa sostenida por Lew Rodin y su hijo Martin Rodin para mantener el control de la empresa Motores Internacionales.
"Entonces, a lo mejor sin querer se pudiera estar empujando a los bancos a reducir o eliminar su cartera de crédito corporativo, llevándolos a los préstamos al por menor", acotó De Diego.
Cada tipo de préstamo tiene un porcentaje de riesgo diferente y como el capital se fija basándose en el nivel de riesgo de las transacciones, así mismo será el nivel de dinero requerido.
En el país sólo existen 3 ó 4 bancos panameños, entre ellos el Banco Nacional de Panamá (BNP), que no soportarían unas normas tan extrictas y complicadas como las establecidas en el nuevo acuerdo de Basilea II.
Es por esto que ya la mayoría de las instituciones bancarias han contratado consultores internacionales para que les orienten con el objetivo de adaptar esta plataforma tecnológica. A la vez, están capacitando a su personal.
