El ex ministro de Desarrollo Agropecuario Víctor Pérez, a quien la ministra de Trabajo, Alma Cortés, solicitó ayuda para agilizar los trámites de titulación de 88 hectáreas de tierra en el distrito de Chepo, aseguró que todo se hizo dentro del marco legal.
Pérez indicó que la solicitud se hizo con base en que los documentos de la ministra - que fueron tramitados desde 1992- se habían extraviado.
“Lo único que me tocó fue decirles a los funcionarios a cargo que le prestaran atención, buscaran los documentos y le dieran curso”, manifestó.
Sin embargo, para Enrique Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, las declaraciones de la ministra Cortés son muestra de un evidente caso de tráfico de influencias.
El Código de Ética de los servidores públicos en su Artículo 35 prohíbe que los funcionarios hagan valer sus influencias ante otro a fin de que apresure, retarde, haga o no las tareas relativas a sus funciones.
Montenegro explicó que a pesar de que los derechos posesorios se tramitaron hace más de 10 años, la resolución de Reforma Agraria se realizó siendo ella (Cortés) funcionaria, lo que es una clara violación al Código de Ética.
Abogó por la destitución de Cortés, como la del titular de Salud, Franklin Vergara, que adquirió 195 hectáreas de terreno por mil 176 dólares.
Vergara en una nota aclaratoria señala que las tierras fueron tramitadas desde 2004, cuando se abrió la posibilidad a varios profesionales de adquirirlas con el compromiso de preservar y mantener la flora y la fauna del lugar.
Ambos trámites fueron concluidos durante la actual administración.
