El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el panameño Dorindo Cortez señaló que la orden de desalojo para desocupar las oficinas de este organismo en Panamá, violenta el contrato de arrendamiento. "La clausula No. 19 del contrato establece que para la terminación de un contrato de arrendamiento entre el Parlacen y el gobierno nacional se procede por dos vías: a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o por un arbitraje y por medio de la corregiduría", indicó a Noticias AM.
Según Cortez las leyes en Panamá ha pasado a ser segundo un espacio para poder administrar el estado panameño y se actúa sobre la base de desconocer esos derechos fundamentales.
Sostuvo que se mantendrán en la sede del organismo porque ha estado al día en el pago de arrendamiento.
Afirmó que el gobierno nacional participa de las reuniones de Presidentes Centroamérica, de los Ministros y debates sobre integración, de las negociaciones de convenios con Europa, pero paralelamente se atenta contra uno de los órganos que forman para del mismo sistema.
"Respetamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a recurrir a las instancias internacionales para que se respete al Parlacen", manifestó.
En la actualidad 10 Diputados (nueve del PRD y uno del PP) participan de cada una de las reuniones y actividades que desarrolla el Parlacen en conjunto con las otras naciones.
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli comunicó en el 2009 ante la cancillería de Guatemala, depositaria del Tratado Constitutivo del Parlacen, el retiro de Panamá por considerar el organismo ineficiente y de quienes buscan inmunidad política.
