Las autoridades migratorias costarricenses remitieron a Panamá a siete ciudadanos de nacionalidad colombiana detenidos en el país centroamericano intentando ingresar de forma ilegal.
Según informes, los nacionales colombianos ingresaron a Panamá utilizándolo como tránsito, para luego dirigirse a Costa Rica y proseguir su recorrido con destino a Estados Unidos.
No obstante, los deportados fueron detenidos mediante un operativo realizado por las autoridades policiales costarricenses, frustrándoles su intención de pasar desapercibidos.
Entre los detenidos figuran cinco mayores de edad y dos niños, quienes están a órdenes de la Dirección de Migración para ser deportados a su país natal en los próximos días, dijeron fuentes de la entidad.
Asimismo, señalaron que la situación representa para Panamá un costo, pues la ley señala que al detectar un ciudadano ilegal en determinado país debe ser remitido a la última nación de donde provino.
Por su parte, Rolando Murgas Torrazza, decano de la Facultad de Derecho, afirmó que esto es el resultado de un deterioro del sistema educativo. Sumó a ello, la falta de articulación de los sistemas educativos con los estudios universitarios, orientación institucional y familiar y un esfuerzo propio del estudiante de tomar más en serio su ingreso a la universidad.
Cabe señalar que los estudiantes que obtuvieron un índice en los exámenes menor, pero cercanos al 1.0, unos 7,757, están realizando un proceso de capacitación, el que se inició la primera semana de febrero. Aquellos estudiantes que obtengan un promedio en ese curso de 71 podrán matricularse en las carreras a las que optaron.
Un estudiante que fracasa en su ingreso a la universidad es una inversión que deja de percibir el país. Cada estudiante le cuesta a la Universidad de Panamá un promedio de B/. 1,000 por año. Aquellos estudiantes que desertan en los primeros años de estudios representan un costo que se traduce en un profesional que dejó de ganar la sociedad, dijo Murgas Torrazza.
