Apoyo
- Los panameños interesados en ayudar a los damnificados pueden hacerlo llevando sus donaciones a los establecimientos de Sinaproc, Cruz Roja y el Despacho de la Primera Dama.
- Los damnificados necesitan ropa en buen estado, tanto para niños como adultos, agua, sábanas, comida enlatada, cereales y útiles escolares que se perdieron en el incendio del pasado martes.
- La mayoría de los incendios estructurales (casas, edificios o fábricas) en Panamá se generan porque las personas conectan más de tres cables a un solo tomacorriente. También ocurren cuando se dejan artefactos electrónicos enchufados o cuando hay telarañas (conexiones ilegales).
- En el último incendio registrado en Pueblo Nuevo se contabilizaron 12 familias; mientras que en Santa Ana fueron 88 las que perdieron todos sus enseres.
El costo de un incendio resulta tan voraz para las autoridades como sus llamas. Desde que un carro bomba sale de su cuartel, el hecho de controlar el fuego o la reubicación y posterior atención de los damnificados tiene un costo que sale del bolsillo de los contribuyentes.
En total se necesitan unos $79 mil 200 con 50 centésimos para hacerle frente a un desastre como el ocurrido el martes en Calle 13 Santa Ana.
Durante el tiempo que se desarrolla un hecho de este tipo, un vehículo del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) utiliza 30 galones de combustible como mínimo. “Un auto de extinción utiliza de 30 a 40 galones de diésel debido a que se mantiene encendido porque la bomba está conectada con la transmisión”, dice Hirán Ponce, capitán del CBP. Por lo general, relata Ponce, para apagar las llamas de un incendio de menor y mediana escala, como el de Pueblo Nuevo y Santa Ana, se requiere de tres y siete camiones, respectivamente. Cada galón de diésel está a $3.86. Eso sin contar el gasto de agua. Se utilizan mil galones (de agua), que es la capacidad de los tanques de los carros bomba.
Los albergues
Luego de que los camisas rojas logran apagar un incendio, personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acude al lugar para realizar un censo de damnificados. Una vez se contabilice el número de afectados pasan a orden de la Dirección de Desarrollo Social del Miviot. Uarren Beitía, encargado de este departamento, dice que cada familia afectada es reubicada en habitaciones de hoteles, residenciales o pensiones. “Se les lleva a estos establecimientos durante 15 días donde se les asiste con alimentos”.
Una habitación en los 10 residenciales de Calidonia y Santa Ana, donde viven temporalmente estos damnificados, cuesta $30.00. El cálculo aproximado de este alojamiento durante una quincena les cuesta a las autoridades $38 mil 600. A esto se le suma los $150.00 que proporciona el Estado durante tres meses a cada familia afectada por un incendio. Ese aporte es solo para las familias en las que se compruebe que ninguno de sus miembros genere ingresos.
La otra cara del fuego
Grimaldo Martínez, de 60 años, relató que llevaba 25 años de residir en el viejo caserón que el pasado martes devoró las llamas en Santa Ana. Él y sus tres hijos fueron alojados en uno de los 10 sitios que el Miviot habilitó para los afectados, la mayoría hoteles y residenciales en Calidonia y Santa Ana.
A pesar de que ya era mediodía, cuando este diario lo consultó, las autoridades aún no le habían proporcionado alimentos. “Ayer (miércoles), nos dieron cena, pero hasta esta hora del jueves no nos han dado nada de comer”, comentó. Este ciudadano oriundo de Guna Yala, que labora en un restaurante del área de El Dorado, tuvo que sacar de su bolsillo para poder sufragar su comida.
Irma Gómez, de 48 años, que acabada de levantarse de su cama, vio cómo se esfumaron en pocos minutos 9 años de sacrificio. “Alguien gritó fuego, fuego... eran las 9:15 de la mañana. Solo tuve tiempo de sacar a mis hijas y el tanque de gas. Todo lo demás se perdió”, cuenta, al tiempo que solloza y aprieta con fuerzas una botella de agua vacía en su mano derecha. Irónicamente, jugadores del equipo de béisbol juvenil de Chiriquí entran por el “lobby” del hotel con comida y aparatos tecnológicos de última generación.
Otra de las afectadas fue Mara Ballesteros, quien relató que se encuentra sin trabajo porque la despidieron. “Yo laboraba en el Ministerio de Salud, estoy desempleada desde que se hizo el cambio de administración. No pude salvar nada porque yo no estaba en casa en ese momento. Estoy con la misma ropa que tenía ayer”, destacó.
También se quejó del alimento porque a la 1 de la tarde aún no había almorzado. “No he desayunado, tengo que esperar hasta cuando ellos vengan”, finalizó.
La mayoría de estas familias entre sus pérdidas tenían los útiles escolares de sus hijos recién comprados para el próximo año escolar.
