CARLOS LEE, vocero de la Alianza, consideró que lo ideal y el principio fundamental es que todos los panameños y panameñas que tienen que enfrentar la justicia se les someta al mismo código y las mismas normas.
"No hay ninguna justificación de que porque una persona tiene un cargo público, le van hacer una ley especial para darle un trato preferencial", destacó.
La norma propuesta en el Código, según los integrantes de esta organización, privilegia a los diputados ya que para someterlos a un proceso de investigación se exige la mayoría calificada de los magistrados de la Corte, es decir, la mitad más uno.
Según Lee, tradicionalmente en la Constitución Nacional no se establece la mayoría calificada para ningún procedimiento dentro de la Corte, sino la mayoría simple.
Detalló que lo que han hecho los miembros de la Comisión Codificadora es equiparar el mismo procedimiento que es utilizado en el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, en donde para juzgar a un magistrado se exige la mayoría calificada de los diputados de la Asamblea. "No estamos de acuerdo con ninguna de los dos mecanismos. Debemos ubicar a los funcionarios en igualdad con los demás, dijo".
Exigieron además que se retire el proyecto de reformas penales de la Asamblea y se cree una comisión revisora y rechazaron la propuesta de creación de la Sala de Garantías.
La Alianza está conformada por: CONEP, Comisión de Justicia y Paz, Unión Nacional de Abogadas, Unión Nacional de Ciudadanas, CONAPE, Centro de Asistencia Legal Popular, Fundación Pro Víctimas del Crimen, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Centro de Estudios y Acción Social Panameño, CTRP, Comisión Nacional pro Valores Cívicos y Morales, CGTP, Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, Centro de Estudios y Acción Social Panameño y Socorro Jurídico de Panamá.
Creación de privilegios empaña reformas a la justicia penal
El Código Penal que se propone, carece de conceptos claros que faciliten la lucha contra la corrupción.
