La Comisión de Comercio de la Asamblea reconsideró la aprobación y volvió a abrir el primer debate del proyecto de Ley 415 que establece un régimen especial para la protección de los recursos naturales, hídricos y ambientales de la comarca Ngäbe-Buglé, con la finalidad de debatir el artículo 5, cuya eliminación motivó protestas los últimos días por parte de los indígenas.
A su vez, la Coordinadora por los derechos del pueblo ngäbe solicitó la conformación de una comisión de alto nivel para abordar los temas referentes a este artículo, como la cancelación de las concesiones mineras ya otorgadas y los proyectos hidroeléctricos, además de la derogación de la Ley 41 sobre Cerro Colorado y una moratoria para la explotación de estas actividades.
Al final, se determinó formar una comisión integrada por los miembros de la coordinadora y sus asesores, los ministros de Comercio y Gobierno, representantes de las iglesias católica y evangélica y el rector de la Universidad de Panamá, para acordar la metodología y el análisis de los puntos a discutir.
La comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo, diputados de la Asamblea y dirigentes indígenas.
La sesión, que responde a los acuerdos firmados en la noche del martes, se inició a las 6:00 p.m., con la llegada a la Asamblea de los dirigentes de la coordinadora y la cacica general, Silvia Carrera, quienes fueron recibidos por indígenas y activistas de organizaciones populares que se concentraron frente al Palacio Justo Arosemena para mostrarles su apoyo.
En el Salón Azul de la Asamblea estuvieron presentes ocho de los nueve integrantes de la comisión, además del presidente del Legislativo, Héctor Aparicio, y otros diputados, tanto de gobierno como de oposición, así como los ministros de Comercio, Ricardo Quijano, y el de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.
Aparicio afirmó ser testigo del interés de la Comisión de Comercio por tratar de satisfacer las expectativas de los sectores involucrados en este asunto.
Por su parte, Hernández pidió disculpas por la forma en que se aprobó el proyecto, sin consultar el artículo 5 con los ngäbes, atribuyendo a la falta de comunicación el que esta situación se haya dado, ya que se interpretó de otra forma la urgencia de los indígenas para pasar la propuesta.
El vocero de la coordinadora, Ausencio Palacios, expuso ampliamente las razones por las que consideraron que el Gobierno no cumplió los acuerdos previos firmados con ellos.
“Le advertimos, la comarca está de luto porque no se cumplieron los acuerdos”, enfatizó.
Según Palacios, nunca se nombró una comisión de seguimiento al acuerdo de San Félix y en otras conversaciones con los diputados se acordó que la derogatoria de la Ley de Cerro Colorado sería analizada, sin embargo no fue así.
Palacios explicó que la importancia del artículo 5 radica en que a pesar de que el Gobierno diga que no va a haber minería en la comarca, existe la ley que avala la explotación de Cerro Colorado, además de otras concesiones ya otorgadas, entre las que mencionó la de Cerro Pelado y Chorcha.
Agregó que fue un “acuerdo de caballeros” el que se estableció con la comisión ad hoc con la que se elaboró el proyecto para colocar el artículo 5 en su forma original, aunque no fue consensuado.
En la reunión también participaron otros ngäbes que repudiaron la forma como fueron tildados por varias autoridades nacionales que los catalogaron de borrachos y haraganes cuando mantuvieron cerrada la vía Panamericana.
El líder de la coordinadora, Rogelio Montezuma, cuestionó la posición del presidente Ricardo Martinelli, quien planteó que será el pueblo ngäbe el que decidirá si quiere la minería en su territorio o no.
“Qué más consulta que la movilización de todo un pueblo que se dio en estos días, oponiéndose a la minería y a las hidroeléctricas en su territorio”, manifestó el dirigente.
Al hacer uso de la palabra, la cacica general resaltó que los ngäbes no piden plata, sino que se respeten sus derechos sobre los recursos naturales.
Carrera denunció que el Gobierno quiere imponer los proyectos sin consultarlos ni darles participación y por eso es que se tomaron las calles.
“Mi pueblo está en vigilia, pero no se va a doblegar y si no se hace escuchar, irá a las calles”, sentenció.
La cacica exigió a los gobernantes a que se hagan cargo del traslado y los entierros de los indígenas que fallecieron a causa de los disturbios escenificados en esta semana.
De igual forma, indicó que todavía hay compañeros suyos detenidos, incumpliéndose con el Acuerdo de San Lorenzo, aunque el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, informó que todos fueron liberados y que el último bus que trasladó a los indígenas a sus hogares salió de la cárcel de David, a las 5:00 a.m. de ayer.
Mientras esto se daba, afuera de la Asamblea un grupo de indígenas protestaban molestos, porque quieren que se dé un acuerdo de inmediato y no se decretaran tantos recesos.
