La reglamentación de la Ley 30 del 2006, que regula y fiscaliza a las universidades privadas, continúa siendo blanco de discordia.
Según la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA), esta reglamentación tiene "muchos baches" los cuales no representan los mejores intereses.
Miguel Quintero, presidente de la AUPPA, solicitó a la Comisión Técnica de Fiscalización, que suspenda el reglamento que fiscaliza a las universidades privadas, ya que consideran que violan su autonomía.
Por su parte, Ivonne Arrocha, rectora de la universidad ISAE Panamá, pidió participación en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades (CONEAUPA).
Considera que dentro de este Consejo se toman importantes decisiones en cuanto a la Ley 30.
