Las promesas se diluyen con el tiempo y a veces eso pareciera suceder con la justicia, cuando por años los expedientes permanecen congelados de despachos en despachos y un color amarillento uniforma sus desgastadas páginas.
Para algunos la justicia tardía no es justicia y para otros más vale tarde que nunca; pero las críticas sobre el sistema judicial no terminan por parte de los abogados, los sindicados, las víctimas y todo aquel que dependa de la decisión de un juez o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Algunos crímenes se olvidan con el tiempo, sin embargo, otros permanecen en la memoria de la comunidad como: el asesinato del empresario colombiano Sofronio Hernández, la caída del avión de la línea ALAS en donde murieron 21 personas, la muerte de 13 obreros de la construcción al caerse un elevador y el crimen del magnate de la construcción Jhon Scott Barton (quien construía el Hospital San Miguel Arcángel).
El magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Wilfredo Sáenz, aceptó que existen algunos procesos judiciales que permanecen por años sin llegar a un juicio, pero aseguró que esos son la minoría.
Argumentó que el Organo Judicial está trabajando en algunas alternativas para acelerar el manejo de los expedientes.
Sáenz dijo que uno de los factores que incide en el "embotellamiento" de los casos de homicidio se encuentra en la figura del reo rebelde, es decir uno o varios sindicados cuyo paradero es desconocido y el tribunal debe hacer los esfuerzos pertinentes para ubicarlos y traerlos al expediente. Ello implica la publicación de edictos, para los que son necesarios realizar un concurso de precios y dar un término de 10 días hábiles para que la persona concurra al tribunal. Sólo esto toma hasta cuatro meses.
Agregó que otro factor nuevo que viene a agravar la lentitud de la justicia es la reforma al Código Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa y que elimina los juicios en rebeldía.
Ahora estos procesos quedan suspendidos hasta la detención de los sindicados y la pena no se extingue.
Planteó que el artículo 2,060 del Código Judicial señala que la investigación por parte de la fiscalía debe tener un término de 4 meses, no obstante, esto se extiende a seis meses e incluso a un año.
Esto, sin contar con las acciones reales de los abogados como los habeas corpus, fianzas e incidentes de controversia.
Sostuvo que hay cientos de circunstancias que pueden afectar la temporalidad del manejo de un expediente por homicidio en el Segundo Tribunal y a ello hay que adicionar la falta de personal y recursos.
De acuerdo con el magistrado Sáenz, las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa eliminan algunos factores dilatorios de los procesos como: la supresión de los juicios en rebeldía, la notificación del auto de llamamiento a juicio por edicto, la eliminación de la apelación del auto de juicio, la incorporación del período de pruebas dentro del auto de juicio.
La eliminación de estos recursos comprende un ahorro en tiempo de por lo menos ocho meses.
LOS ABOGADOS SON RESPONSABLES
Para el secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, el término que debe tomar una fiscalía para realizar una investigación es de cuatro meses, pero en ocasiones se necesita más tiempo, por factores tan diversos, como la ausencia de los sindicados, recursos dilatorios de los abogados y falta de dinero para efectuar las diligencias.
Castillo aseguró que el "embotellamiento" de los casos, especialmente los de homicidio, se produce porque este es un delito en donde es necesario hacer un esfuerzo adicional para establecer la responsabilidad o no del sindicado.
"Hay ciertas garantías en el proceso penal que no se pueden obviar bajo el pretexto de ir más rápido y que son utilizadas ampliamente por los abogados panameños, quienes tienen una formación básicamente litigiosa", precisó.
Esto - puntualizó - lleva al uso y abuso de los recursos que deben ser resueltos por un juez y a veces por un magistrado, quien a su vez tiene cientos de expedientes en trámite, debe participar de audiencias y llevar el manejo administrativo del despacho, y eso significa tiempo.
Castillo responsabilizó del lento avance de los expedientes a los abogados, quienes por diversas circunstancias y estrategias posponen las audiencias. Aseguró que el 80% de las posposiciones son por parte del abogado defensor.
Sostuvo que hay casos de homicidio en donde la instrucción sumarial demora un año y el juicio se produce cuatro años después por las posposiciones y recursos presentados por los abogados. Esto, agregó, puede provocar que el sistema "colapse" si se continúa a este ritmo.
"Hay que castigar la negligencia procesal, hay que regular las audiencias de homicidio. Un abogado sabe cuando un recurso cabe y cuando es sólo una táctica dilatoria, eso perjudica a todas las partes porque la justicia tardía no es justicia", aseguró.
En la cárcel hay sindicados que permanecen por cuatro y cinco años esperando un juicio, y esta es una situación bastante injusta, porque ese tiempo no se recupera si la persona es sobreseída o declarada inocente, dijo.
El sistema procesal penal panameño requiere grandes cantidades de recursos económicos, ya que se crean leyes en donde se establecen derechos y garantías, que provocan un embotellamiento del sistema, argumentó.
LOS ABOGADOS SE DEFIENDEN
En tanto, Sidney Sitton, abogado litigante, aseguró que los despachos judiciales son muy lentos en los trámites, aunado a que hay demora en las notificaciones y en la calificación de los sumarios.
Alegó que un claro ejemplo de ello lo constituye el proceso por el homicidio del obrero de la construcción Sixto Barrantes (en donde él participó como abogado acusador), cuyo juicio se realizó 15 años después del homicidio.
Dijo que en este caso hubo cuatro posposiciones de la fecha de audiencia, ya que el fiscal que instruyó el caso en los últimos años no acudió a la audiencia, lo que provocó una alteración nerviosa a los familiares del occiso que reclamaban justicia.
Sitton explicó que en ocasiones en los juzgados se extravían los expedientes y es necesario reponerlos, y ello también implica una demora en la evacuación del proceso.
También criticó la demora de la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos de habeas corpus, amparos de garantías constitucionales e inconstitucionalidades que también contribuyen a dilatar el curso del proceso.
El abogado Carlos Carrillo también criticó la lentitud conque se manejan los recursos judiciales por parte de la Corte Suprema y sostuvo que la derogación de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales provocó un retroceso en el sistema judicial.
Carrillo dijo que esta situación ha embotellado el normal desarrollo de los procesos, porque un fallo demora meses en darse y los expedientes tardan en retornar a los juzgados en donde se fallará el fondo.
También el abogado, Víctor Almengor, consideró que el actual sistema judicial contiene una serie de imperfecciones que lo hacen muy lento e ineficiente y permite mantener por prolongados períodos de tiempo a personas inocentes bajo arresto.
Sostuvo que un caso notorio es la muerte del ciudadano César Augusto Gálvez a manos de tres unidades de la Policía. Señaló que en este caso, a pesar de existir una orden de arresto contra las unidades policiales, éstas se encuentran bajo vigilancia dentro de las instalaciones de la Policía, lo que crea un fuero y privilegio especial a su favor.
FISCALES OPINAN
En tanto, el fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez, estimó que la lentitud de los procesos obedece básicamente a la gran cantidad de procedimientos que es necesario ejecutar para probar el hecho delictivo y que requieren la colaboración de las unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ), el Instituto de Medicina Legal, Registro Civil (para inscribir las defunciones), siquiatras; además de la práctica de diligencias como las reconstrucciones e inspecciones oculares.
Es necesario agregar la ubicación de testigos y sindicados, así como el análisis de todas las pruebas para entonces emitir una vista fiscal. En algunas ocasiones este proceso toma seis meses, un año y más, si es necesario.
Añadió que a ello es necesario agregar la presentación de recursos por parte de los abogados, que deben ser resueltos por un juez. Eso influye en el tiempo de investigación, debido a que el expediente sale de la fiscalía para el juzgado.
El funcionario de instrucción dijo que los cuatro meses asignados por la ley para ejecutar una investigación es insuficiente. Agregó que cada fiscalía recibe un promedio de cuatro casos de homicidios diarios.
Rodríguez estimó que el Segundo Tribunal de Justicia tiene buena efectividad, pero que en ocasiones no hay recursos para las notificaciones e incluso mantener un jurado de conciencia resulta bastante oneroso.
ALGUNOS CASOS NOTABLES
Hay casos como el asesinato del empresario Frank Stuart ocurrido el 26 de enero de 1996 y que aún no se ha realizado la audiencia, por las complicaciones durante la investigación, ya que uno de los imputados salió del país y se pidió su extradición. Ahora tiene fecha de audiencia para agosto del presente año.
También está el caso del asesinato del empresario de origen hindostán Suresh Baliram Mirani, muerto el 28 de septiembre de 1999 y hasta la fecha no han concluido porque se ha solicitado la extradición de cinco personas vinculadas a este hecho, ubicadas en Colombia.
Otros casos que tienen años de trámite son el asesinato del empresario Jhon Scott Barton, perpetrado en 1995, cuya fecha de audiencia está fijada para el 30 de este mes.
También se encuentra el crimen en perjuicio del joyero Erasmo Avecilla, muerto a balazos el 31 de enero de 1994, en el cual en enero de este año se dio un sobreseimiento a favor de Carlos Narváez Dutary e Hilario Chen Quintana (ambos detenidos).
A la vez se encuentra pendiente de audiencia el homicidio del ex legislador Rafael Clemente Abrego, cometido el 13 de julio de 1994. Del que se sindica a tres personas.
Este año se ejecutó la audiencia por el homicidio y secuestro de los esposos Juan Barletta y Lorena Aguizola, ajusticiados en 1995.
A la vez se encuentra pendiente de resolver la desaparición de la estudiante de enfermería Yesenia Mendoza, ocurrida en diciembre de 1992, en el cual se dio un sobreseimiento definitivo e impersonal.
Sin resolver también se mantiene el estallido del avión HP-1202 de la línea aérea ALAS, ocurrido en julio de 1994 en donde murieron 21 personas y que se atribuye a grupos terroristas o un pase de factura del narcotráfico.
Por otro lado, sin fecha de audiencia se encuentra el crimen del empresario Sofronio Hernández, perpetrado en el Club Ecuestre de Clayton el 22 de abril de 1995.
Hace dos semanas un jurado encontró culpable al ex capitán Jorge Eliécer Bernal por participar en el homicidio del obrero Sixto Barrantes, cometido el 14 de mayo de 1986.
