El cambio del denominado programa contra la delincuencia conocido como "mano dura" a "mano amiga" parece no surtir los efectos deseados, en momentos en que las estadísticas de la población penal y las denuncias de delitos cometidos siguen igualmente en ascenso, ante la evidente falta de una política criminal de Estado.
Lo cierto es que la falta de un esfuerzo en conjunto que detenga ese fenómeno criminal está cobrando sus frutos.
La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles de Palacios, admite que no existe un esfuerzo conjunto para resolver el fenómeno social de la delincuencia.
Esa falta de una labor mancomunada ha permitido que no se le dé prioridad a la niñez y la juventud en materia de prevención, lo que es favorable para disminuir la delincuencia y potenciar al ser humano.
Para los expertos, es necesario establecer un programa integral que permita que el individuo sea actor de su propio desarrollo con una cultura de paz. Mientras tanto, se debe establecer el papel que debe desempeñar la sociedad civil en este aspecto, ya que el tema de la delincuencia no es exclusiva de un gobierno o grupo, sino del total de la población.
Para Selles de Palacios existen varios factores que no han dejado que disminuya el delito en Panamá.
Algunos de ellos son la agudización de la desintegración y disfuncionalidad de la familia, irresponsabilidad paterna, desempleo, violencia doméstica, problema habitacional, presencia del narcotráfico, adicción, prostitución y deserción escolar, así como los nuevos modelos delictivos traídos del exterior a nuestro país.
Estos factores no han sido abordados integralmente y de forma sistemática dentro de una política criminológica, que hace que el aumento a la tendencia de la delincuencia sea efectiva, según los análisis efectuados por el Instituto de Criminología.
El abogado y ex director de la Policía Nacional y Policía Técnica Judicial (PTJ), Oswaldo Fernández, señaló que los cambios de nombre de los programas que pretenden frenar los niveles de delincuencia sólo son un aspecto que incide psicológicamente en la población, pero que no surten efectos concretos a nivel operacional en las comunidades.
El informe del 11 de enero del Ministerio de Gobierno y Justicia mostró que la población penitenciaria era de 11 mil 216 internos, mientras que para la presente semana del mes de febrero la cifra es de 11 mil 270.
Un total de 28,122 denuncias, querellas y casos de oficios registró la Policía Técnica Judicial en el 2004, según muestran las estadísticas.
