Criminalidad importada

UN VISTAZO a los últimos titulares noticiosos panameños basta para percatarse de que la actividad delictiva en el país va en evidente aumento.
Enfrentamientos entre bandas rivales, robos, asesinatos y hasta un linchamiento en las afueras de la ciudad de Panamá, disuaden a algunos de caminar a determinadas horas por sitios peligrosos, mientras otros están convencidos de que deben tomarse la justicia en su manos.
Siendo así, no es inusual que en los tres primeros meses del año se haya tramitado en la Policía Técnica Judicial (PTJ) más de 2,000 permisos para portar armas, tal como lo reveló una reciente investigación hecha por este medio.
Armarse parece la solución más rápida en tiempos en que los anuncios comerciales para adquirir armas de fuego están a la orden del día.
No sólo combatir la violencia o tomarse la justicia. El sociólogo Olmedo García estima que el Estado debe desarrollar políticas para generar empleos.
García advierte también que muchos de los métodos delictivos datan de la etapa escolar, dada la decepción que existe entre los jóvenes.
Un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que en Panamá, un 54% de los jóvenes dice sentir algún tipo de disconformidad o desconfianza en su futuro.
De ahí que García también plantee la necesidad de redefinir estrategias en materia educativa.
Sobre cómo llegó Panamá a presentar altos índices de criminalidad, el sociólogo explica que a la par que se han logrado avances en materia comercial, el crimen también se ha exportado.
Aún cuando los crímenes son cometidos en un 85% por panameños, García advierte que los estamentos de seguridad nacional no han podido hacer frente a las nuevas formas de criminalidad "importadas".
Lo atribuye a fallas en el sistema judicial, la baja autoestima de las instituciones de represión del crimen y protección ciudadana.
La falta de liderazgo y claridad de funciones en estos organismos, estima el sociólogo, también habría favorecido la actividad delictiva y generado desconfianza en el ciudadano común.
"El Estado no puede perder la batalla con el crimen organizado", que según García está generando costos económicos y sociales para el país.