"Hay que buscar reformas adecuadas a la realidad, posibilidades y al momento político de Panamá. Hay que cambiar la base fundamental del sistema; si una persona aporta durante 15 años, no puede recibir el mismo beneficio de quien lo hace por un espacio de 30 ó 40 años", dijo.
Por su parte, el director de la carrera de actuarios de Buenos Aires, Argentina, Eduardo Melinsky, explicó que el sistema en su país se cambió de ser público, con un concepto de reparto a un sistema mixto con un esquema optativo. Este sistema se basa en la capitalización, donde el beneficio queda determinado por la acumulación de su cuenta.
Melinsky coincidió con Huerta Rosas en que se debe divulgar el problema como un paso inicial, lo que dio como resultado, en su país, que las protestas por estos cambios fueran menores.
Lamentó la posición del presidente del CNA, porque siempre "ha sido una posición política", dado que a él le preocupa más lo de la ratificación de los magistrados y no que en el caso CEMIS aparecían nombres de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con cifras al lado.
Sentenció que si se va a reabrir el caso, que se reabra, pero que se hagan las cosas bien. "Que investiguen cada caso por separado y que llamen a declarar a los que aparecen mencionados".
Pero la que no está muy de acuerdo con estos planteamientos es la ex legisladora por el Partido Popular y actual secretaria nacional del Plan Alimentario Nacional (SENAPAN), Teresita Yániz de Arias.
Aunque destacó que el caso CEMIS debe ventilarse y aclararse de una vez por todas, no está de acuerdo con que se separe del nombramiento de los magistrados, porque según manifestó, el CEMIS "fue una cortina de humo para encubrir todo lo que sucedió con los nombramientos y ratificaciones de los dos magistrados.
Aclaró que no existe nada en la aprobación del proyecto CEMIS, que a su buen entender haya constituido un acto ilícito o soborno.
"Tengo la esperanza que ambos casos se reabran para llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones", acotó.
El 16 de enero de 2002, en un restaurante de la localidad, Carlos Afú, en esa época legislador de la bancada del PRD, acusó al CEN de ese partido de recibir dinero para la aprobación del CEMIS.
Dos días antes, la entonces legisladora Balbina Herrera denunció que Afú había recibido B/. 1.5 millón por su voto a favor de la ratificación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora.
