Crisis en la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia se mantiene paralizada y dividida, tras la decisión del presidente Martín Torrijos de cesar en el cargo al magistrado César Pereira Burgos.
Esta situación se hizo evidente ayer cuando un grupo de cinco magistrados se resistió a reconocer a José Troyano como nuevo presidente de la Corte, en reemplazo de Pereira Burgos.
A las dos de la tarde, luego de una serie de reuniones, se decidió convocar al Pleno de la Corte a una sesión extraordinaria para reconocer a Troyano como presidente, pero sólo cuatro magistrados asistieron a la convocatoria.
Los magistrados Aníbal Salas, Arturo Hoyos, Rogelio Fábrega y José Troyano se presentaron a la reunión, sin embargo, los restantes cinco se mantuvieron en sus despachos.
En este Pleno se tenía proyectado discutir la designación de Troyano como presidente encargado y determinar la legalidad de los repartos de expedientes hechos por Pereira Burgos, ayer.
Previamente, Hoyos y Fábrega emitieron una nota en donde decían no reconocer a Pereira Burgos como presidente ni como magistrado de la Corte.
En la nota, remitida por ambos al magistrado Troyano, actual vicepresidente de la Corte, aseguran que el acto administrativo por el cual se declaró vacante el cargo de Pereira Burgos tiene eficacia inmediata de conformidad con el artículo 15 de Código Civil y goza de presunción de legalidad.
También señalaron que no es conveniente, legal ni oportuno suscribir sentencias cuyo ponente haya sido Pereira Burgos, a partir de la fecha en que fue declarado cesante.
De hecho, el trámite de expedientes en el Pleno de la Corte se encontraba paralizado, debido a que se desconocía si la firma de Pereira Burgos tiene valor jurídico como magistrado.
Por otra parte, el abogado José Salvador Muñoz, defensor de Pereira Burgos, dijo desconocer las acciones emprendidas por los magistrados y anunció que el lunes presentará un recurso de reconsideración contra la decisión del Consejo de Gabinete.
Por otro lado, el presidente Martín Torrijos restó importancia a los señalamientos hechos en su contra por el Partido Arnulfista, luego de declarar vacante el cargo de Pereira Burgos y señaló que los mismos que lo critican habrían pedido "enjuiciarlo" por no cumplir la Ley 61.
Asimismo, dijo que a diferencia de los nombramientos de magistrados que se hicieron en el pasado, la designación de Esmeralda de Troitiño sí está alejada de la política y cuenta con independencia de criterio partidista.
"No coincido con su opinión", dijo al referirse al comunicado del arnulfismo; "porque la magistrada Esmeralda cuenta con la solvencia moral y con independencia de criterio; a diferencia de otras postulaciones del pasado no tiene ninguna vinculación política y estoy seguro será un gran aporte para mejorar la justicia panameña", agregó.
Reiteró que la decisión tomada está dentro del marco de la ley, por lo que no comparte la oposición que hacen algunos políticos, pero afirmó que les respeta su derecho.
"Nosotros hicimos una oposición constructiva entendiendo que lo principal es resolver los problemas del país, pero también comprendo que cuando hay problemas internos en los partidos cada cual tiene que hacer más oposición que el otro y eso es parte del juego político tradicional del cual no comparto, ni formo parte", sostuvo.
El abogado de Pereira Burgos, José Salvador Muñoz, anunció el jueves que interpondrá un recurso de reconsideración ante el propio presidente Torrijos y una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.