Más de 10 organizaciones que representan a la sociedad civil denunciaron ayer, en la Curia Metropolitana, que existe una crisis institucional producto de un exceso de poder presidencialista.
Señalaron que en el proceso que se le sigue a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, "percibimos un ambiente totalmente politizado y una situación de fragilidad de la imagen de independencia del poder judicial".
Carlos Lee, representante de Justicia y Paz, destacó que "el tema de la institucionalidad democrática debe estar alejada de las fuerzas políticas que puedan estar negociando espacios de poder".
De acuerdo con una declaración firmada por estas agrupaciones, han sido excluidos del Consejo Nacional de Transparencia y no ven espacios de diálogo para evaluar temas como: seguridad, la lucha contra la corrupción, la salud, la carrera administrativa.
