El caso de Lorena Henao Montoya ha puesto a la justicia colombiana en apuros. Altos funcionarios como el ex director de la Fiscalía Seccional de Cali, Diego Rojas Girón, son acusados por corrupción, específicamente por emitir resoluciones que variaron asignaciones de procesos de competencia de la justicia especializada, con el supuesto ánimo de favorecer intereses de los Henao Montoya.
Mientras Lorena, aquejada de un cáncer de médula ósea, espera desde la cárcel de Bogotá su condena al acogerse a una sentencia anticipada por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. En Panamá su nombre salió a la luz pública de boca del magistrado Adán Arnulfo Arjona.
El acusó la semana pasada a los magistrados Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas de lo mismo por lo que hoy en Colombia se investiga a fiscales y jueces: beneficiar con sus decisiones a la presunta narcotraficante colombiana Lorena Henao Montoya.
En el caso de Panamá, el 30 de abril de 2004, ocho de los nueve magistrados, mediante fallo del 30 de abril de 2004, liberaron a la sindicada. En esta decisión Arjona salvó el voto.
En enero del año pasado Arcángel de Jesús Henao Montoya, conocido como "El Mocho", fue capturado en Panamá y posteriormente extraditado a Estado Unidos.
En tanto, su hermana fue puesta en libertad por las autoridades judiciales panameñas por considerar que la Fiscalía Segunda de Drogas no había aportado pruebas suficientes que la vincularan con actividades del narcotráfico.
"El Mocho", tal como pudieron establecer las autoridades, usó en Panamá el nombre falso de Juan Manuel Aragón; mientras su hermana utilizó el de Lorena Correa Montoya, con los cuales pudieron hacerse de propiedades en suelo istmeño y abrir cuentas bancarias.
Una de esas propiedades fue la hacienda "La Porcelana", ubicada en Tortí. Poseían varios apartamentos en el edificio Perlas del Pacífico, ubicado en Punta Paitilla.
"La Porcelana" tiene 300 hectáreas, posee tres casas, una de ellas de dos pisos para alojar huéspedes; piscina y un establo.
Lucio Quintero Marín manejó varias sociedades en Panamá que sirvieron de fachada para lavar dinero proveniente de la venta de droga.
En un apartemento en Paitilla se localizaron documentos que sirvieron a las autoridades colombianas.
