El abogado Javier Justiniani, en representación de la Fundación para Apoyo del Detenido, criticó los privilegios procesales otorgados a personas afines a partidos políticos o del Gobierno.
"Pareciera que en Panamá hay privilegios para unos y para otros no", indicó.
Aseguró que la última estadística levantada por la Fundación refleja que 241 detenidos de diferentes centros penales, que padecen de enfermedades terminales, han solicitado a los Tribunales medidas cautelares y hasta ahora no les han dado respuesta.
Justiniani dijo que es preocupante cómo los Tribunales resolvieron rápidamente en los casos de Rafael Arosemena, Belgis Castro y Bolívar Pariente.
Mientras que, reos como Anel Barría, quien mantiene más de cinco ‘bay pass’, aún está detenido en una celda de La Joyita.
