El reciente indulto otorgado por el presidente Ricardo Martinelli a 47 personas, entre ellas, miembros de la Policía Nacional (PN), beneficia a unidades que son investigadas por el delito de homicidio.
Entre estos figuran los casos de los policías Ron Rodríguez, Artemio Díaz, Rodolfo Buigobo, Rafael Caicedo y Agustín Reina, involucrados en el asesinato de los pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, ocurrido el pasado 19 de marzo de 2009.
Otros favorecidos son Ricardo Risco Valle, César Herrera, Miguel Ortega y Jorge Atencio, acusados por la muerte de Clarissa Marbelis Urriola, reportada el 23 de septiembre de 2009.
La decisión del Presidente fue catalogada por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal como un acto “inconstitucional y aberrante”.
Bernal señaló que “en vez de ganar gracia, causa desgracia en el resto de la población” y sostuvo que el Presidente debe otorgar indultos por casos políticos.
Martinelli fundamentó su decisión en el Decreto Ejecutivo N.° 465 que permite, indistintamente de la etapa procesal en que se encuentren, indultar delitos ejecutados bajo el amparo de una causa de justificación o en cumplimiento de un deber legal.
Por su parte, Ana Matilde Gómez, procuradora separada de la Nación, indicó que la potestad que tiene el Presidente de la República para otorgar un indulto quedó plenamente establecido en el fallo del 30 de Junio de 2008.
Explicó que en este fallo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisprudencia, interpretó el Artículo 184 de la Constitución Nacional y reiteró que un presidente no tiene facultades para conceder indultos por delitos comunes.
