Una dura oposición a las reformas a la Ley 46 del 2003, mostraron juristas y miembros de la sociedad civil, al considerar que Panamá violará los convenios internacionales de derechos humanos y de la niñez.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal explicó que la presidenta Moscoso viola la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Declaración de Protección de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Tratos Crueles.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Juan Tejada, opinó que la implementación del programa "Mano dura" para combatir los altos niveles de delincuencia, es una demostración de que "la seguridad pública ha fracasado, como han fracasado los esfuerzos del Estado en la educación".
"Al parecer, no hay esfuerzos en ese sentido, por el contrario la ciudadanía percibe improvisación; lo poco que existe, en cuanto a una agenda de medidas y políticas contra la criminalidad, aún está en alguna gaveta de escritorio de sepa Dios qué funcionario", sostuvo.
Mientras que el sociólogo Gilberto Toro, indicó que se calcula que las cifras de jóvenes que delinquen se encuentra por el orden del 6 a 4%, catalogado como bajo frente a la población penal de adultos que cometen delitos.
