Como un atentado contra el estado de derecho y apología del delito, calificó el abogado Candelario Santana la actuación del Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, quien dijo apoyar la devolución de un bono de B/.3.6 millones a extrabajadores del IRHE, cuando existe un fallo del Primer Tribunal de Justicia que favorece al jurista.
Santana consideró que Tejada debió declararse impedido para conocer este caso, debido a que cuando fungió como fiscal primero superior, éste representó al Ministerio Público en la presentación de un recurso, con el cual se solicitaba la devolución de los dineros a los extrabajadores, pero éste fue rechazado por el tribunal.
Precisó que como Defensor, Tejada no puede estar llamando a la desobediencia de las instituciones de justicia, máxime cuando fue parte del proceso y el Primer Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo en su contra.
Estimó que con esta actuación se demuestra la falta de ética de un funcionario, quien está llamado a respetar la desición de los tribunales de justicia. También indicó que en el fallo del 13 de marzo de 2001, el Primer Tribunal de Justicia denegó la petición del Ministerio Público, cuyo representante en ese momento era Juan Antonio Tejada.
También advirtió que presentará una denuncia contra el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Norberto Delgado, por haber señalado que entregará los B/.3.6 millones a los extrabajadores del IRHE, a pesar de existir una orden judicial contraria.
Precisó que esto demuestra el manejo político que se le intenta dar a este caso para favorecer a un grupo de extrabajadores del IRHE, que firmaron un acuerdo en donde se comprometían a pagar el 4% de las indemnizaciones por el manejo legal del proceso de privatización de la estatal eléctrica.
Reveló que los extrabajadores del IRHE recibieron en su momento B/.90 millones y que ahora pretenden regatear algo a lo que se comprometieron legalmente. Dijo que el bono de B/.3.6 millones es derivado de la venta de las acciones de la empresa estatal.
La demanda de estos busitos aumentó tanto que Barés estableció su propia empresa dedicada a la transformación de los vehículos. Paralelo a esto, Carlos Barés era uno de los empleados con los contactos necesarios para vender autos exonerados a los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
En una venta de autos a Nicaragua hubo un faltante de miles de dólares. La irregularidad se ejecutó con la alteración de una factura, la cual se presentó como si hubiese sido cancelada, cuando no lo había sido. Sin el sello de cancelada, la persona encargada no podía autorizar la salida de los autos hacia Nicaragua.
Barés laboró en esta empresa hasta 1986, en la cual tenía ingresos de unos mil balboas mensuales. En aquellos años, el actual fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, era el abogadode Guardia en Toyopan Tesa e intercedió por Barés para que no se le despojara de su vivienda, como pago por el dinero faltante, según una fuente muy cercana a la empresa.
Al consultársele sobre el tema, el fiscal Herrera manifestó que las comunicaciones entre el abogado y el cliente son reservadas y no puede revelar información. "La cuestión fue circunstancial porque yo trabajé allí", señaló, y recalcó que tanto Guardia como Barés son sus amigos. Fue después de esto que Carlos Barés ingresó a la Cruzada Civilista.
Desde esa época vive en un área residencial de Hato Pintado. Pero ahora ha decidido mudarse hacia un lujoso residencial en Costa del Este, un área exclusiva que colinda con Panamá Viejo y el Corredor Sur. Su vivienda estará ubicada en un terreno de unos 650 metros cuadrados, uno de los más grandes del sector. El costo de las casas del modelo elegido oscila entre los 305 mil y 400 mil balboas. El político solicitó modificaciones a la suya, lo que aumenta el costo.
El Panamá América trató, durante más de dos semanas y en múltiples ocasiones, de entrevistar personalmente a Barés. Además, se le llamó a su celular, se conversó varias veces con el vocero de la Policía, Didacio Camargo, y por último se le envió un cuestionario, vía fax y correo electrónico. La última llamada fue ayer y Barés argumentó que había preguntas que eran personales y que no debían formulársele.
Finalmente, no se concedió la entrevista ni se contestó el cuestionario, en que se le preguntaba sobre el calificativo de hombre fuerte, sus logros personales, la explicación sobre las supuestas irregularidades en los Casinos y Toyopan Tesa, el motivo del cambio de residencia y sus ocupaciones en el sector privado.
