El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, y el empresario Enrique de Obarrio coinciden en que las contrataciones directas deben ser "una excepción y no la regla" del Gobierno para obtener diferentes bienes y servicios.
Los empresarios sostuvieron que las autoridades deben "respetar" la Ley de Transparencia en la gestión pública, principalmente para la compra del avión presidencial que podría costar unos B/ 21,4 millones.
Afirmaron que las contrataciones directas deben adoptarse en casos de "urgencia". Asimismo, señalaron que hay “tiempo suficiente” para analizar si es necesario comprar la aeronave.
