El 29 de diciembre de 2001, la entonces Asamblea Legislativa aprobó la ley que crea el Cemis, que fue sancionada por la presidenta Mireya Moscoso, el 15 de enero de 2002 y promulgada en Gaceta el 17 de enero de 2002.
Ese mismo día, el jueves 17 de enero de 2002, el legislador Carlos “Tito” Afú denunció que en la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el consorcio San Lorenzo para la creación del Cemis se ofreció a los legisladores del PRD B/ 20 mil.
El 19 de enero de 2002, abogados de miembros del Consorcio del Cemis rechazaron cualquier participación en actos de soborno y corrupción, y dijeron estar dispuestos a someterse a las investigaciones de las autoridades judiciales.
El 20 de enero de 2002, el entonces secretario general del PRD, Martín Torrijos, aceptó que existe corrupción en la política y en el Estado.
El 5 febrero de 2002, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón consideró preferible que se suspenda la ejecución del contrato del Cemis hasta que no se resuelva el proceso judicial.
El 23 de febrero de 2002 el Juzgado Cuarto Penal concedió una fianza de B/1 millón a los directivos del Consorcio San Lorenzo Martin Rodin, Stephen Jones.
Noviembre de 2003, la Corte Suprema ordena archivar el caso Cemis.
El 19 de abril de 2005, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se reúne con un grupo de abogados independientes, para explorar diferentes "alternativas" que permitan continuar las investigaciones y juzgar a los responsables del caso Cemis.
Viernes 17 de julio de 2009, la procuradora Gómez envió a la Corte un impulso procesal en el caso Cemis.
22 de julio de 2009, la Corte anuncia la apertura del caso Cemis.
