La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá formalizó hoy la creación de la Unidad de Acceso de la Población Indígena a la Justicia Ordinaria, respaldada por las diversas etnias aborígenes del país.
Este servicio complementará las acciones de la CSJ para el acercamiento entre la justicia tradicional indígena y la justicia ordinaria, según un comunicado de la institución.
En la ceremonia de anuncio de esta nueva instancia judicial participaron el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema, Harley Mitchell y Esmeralda Arosemena de Troitiño, respectivamente; el rey de la etnia Naso-Teribe, Tito Santana, caciques, abogados y representantes de todos los grupos indígenas de Panamá.
La iniciativa establece la implementación y desarrollo del servicio de intérpretes y de medios alternativos de solución de conflictos para los grupos indígenas de Panamá, que será ejecutado por un departamento especializado de la Corte y con la coordinación de su Unidad de Acceso a la Justicia y Género.
Mitchell afirmó que "este proyecto les va a dar calidad de vida a los indígenas y, de paso, estamos democratizando la administración de justicia del país".
De Troitiño señaló que hay "necesidad de establecer para los pueblos indígenas una efectiva tutela judicial para sus derechos".
Añadió que las últimas reformas judiciales, como la ley procesal penal, han incluido de forma expresa la jurisdicción indígena, lo que constituye "un avance en el reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas".
"En el sistema procesal panameño es necesaria la práctica del peritaje cultural, cuando una de las partes sea miembro de un pueblo indígena, independientemente de si la falta o el hecho delictivo se realizó en territorio comarcal o no", recalcó De Troitiño.
Santana consideró que "esta Unidad es importante para nosotros, quienes queremos seguir fortaleciendo nuestra justicia, y es una iniciativa que no puede quedar en papel, sino que debe ser un hecho porque los indígenas merecemos que se respeten nuestros derechos humanos como panameños que somos".
Los indígenas panameños representan cerca del 11 por ciento de la población total del país, de unos 3,1 millones de habitantes, y viven principalmente en cinco comarcas indígenas legalmente reconocidas: Kuna Yala, Madugandí, Wargandí, Ngöbe Buglé y Emberá Wounaan.
La justicia funciona en estas comarcas mediante un sistema de derecho consuetudinario aplicado por autoridades locales, como caciques, "sahilas", congresos locales y otras instancias autóctonas.
