La Caja de Seguro Social (CSS), tomará drásticas medidas contra el consorcio mexicano Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por incumplir con el pago de los terrenos usurpados por esta empresa durante la construcción del Corredor Sur.
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované adelantó que el próximo lunes "daremos los primeros pasos para anunciar las nuevas medidas que vamos a dar, frente a esta transacción que será discutida nuevamente hoy (ayer) en Junta Directiva".
Manifestó además el funcionario que tanto la administración, como la Junta Directiva de la CSS, se sienten "decepcionados" por la actitud de la empresa constructora mexicana, ya que a pesar de haberse presentado cifras (alrededor de B/.13 millones), que era justa para ambas partes, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de ICA.
Al ser consultado sobre la posibilidad de brindar otro plazo a la constructora, Jované dijo, " yo creo que ha sido suficiente plazo, ya que no se puede andar por ahí dando tiempo y creo que la Junta Directiva va a tener otro tipo de actitud".
Aseguró Jované que la próxima medida que se tomará contra ICA, "será obviamente algo más enérgico donde empecemos a llamar la atención porque los derechos de la Caja de Seguro Social hay que respetarlos".
En otro orden de cosas el alto funcionario declaró que el desabastecimiento de medicamentos en la CSS se mantiene en un 15%, situación que no es satisfactoria y que obedece primordialmente a que "la actual ley presenta alrededor 135 pasos distintos para comprar medicamentos".
El director de la CSS manifestó también que otros de los factores determinantes en la falta de medicamentos "es el enmarañamiento jurídico que se da al final con demandas y contrademandas" por parte de los proveedores.
Subrayó Jované que la actual legislación no permite sancionar a los proveedores que se aprovechan de las lagunas legales existentes, por lo que es necesario mejorar el marco legal para que la actitud de éstos cambie.
Jované reveló además que en la actualidad se le ha solicitado a un grupo de asesores legales de la CSS, que revisen las ventajas legales que se le ofrece a los proveedores, al tiempo que "a pesar que la ley no le otorga a la Junta Directiva ni a la administración facultades legislativas, vamos a proponer algunos cambios y restricciones para este tipo de situación".
