Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), a través del abogado Jorge Fábrega, interpusieron ayer una demanda por doce millones y medio de balboas, contra la empresa ICA Panamá, por la presunta utilización ilegal de terrenos de su propiedad para construir el Corredor Sur.
A tempranas horas de la mañana, el director general de la CSS, Juan Jované, y el presidente de la Junta Directiva de la entidad, Rafael Medina, acompañaron a Fábrega al Juzgado Décimo Sexto Ramo Civil, a cargo de la juez Geneva Aparicio, donde entregó el documento.
"Venimos a defender los intereses de la Caja de Seguro Social a través de esta demanda", expresó Jované, al llegar a la instalación judicial, ubicada en el corregimiento de Tocumen.
Agregó que con la demanda se está cumpliendo un mandato ciudadano, porque "creo que es el momento para que los panameños entendamos que la seguridad jurídica de nuestros asociados también es importante".
Jované confía en que la justicia haga su papel, alegando que "nos va a dar la razón porque la tenemos y se va a cumplir con la defensa del patrimonio del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte".
Añadió que corresponde al Estado ordenar la revisión del contrato con ICA, documento que consideró "no propicia la eficiencia y el desarrollo, es un contrato que por el contrario produce este tipo de situaciones como la que estamos viviendo".
"Es recomendable para el país que se haga este tipo de revisión", indicó Jované. En tanto, Medina sostuvo que la demanda va a llegar hasta el final cuando haya una solución a beneficio de los pensionados y asegurados de la institución.
"En ningún momento vamos a detener la demanda, a menos que se logre el objetivo que es respetar los derechos que tiene la Caja, sobre esos terrenos que fueron usurpados por la empresa mexicana ICA", puntualizó Medina.
Agregó que dependiendo del tiempo que dure la demanda y las instancias que la pudieran seguir, la suma de la misma podría ser incrementada.
Medina envió a la presidenta Mireya Moscoso una carta donde le solicita ordenar que "se revise e investigue el contrato suscrito por la Nación con la empresa ICA Panamá, con el propósito de que no se vuelva a repetir nunca más este tipo de arbitrariedades por parte de una empresa, en detrimento de una gran cantidad de panameños".
