El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, ordenó el desalojo inmediato del conocido inmueble como la Renta Cinco, ubicado en Calidonia, al considerarlo extremadamente peligroso para sus moradores.
Precisó que a pesar que ya se ha ordenado la demolición del edificio, actualmente existen algunas familias que en su oportunidad mantenían la condición de arrendatarios. Además, sin que exista un título que justifique su ocupación, personas no autorizadas se han introducido al edificio bajo su propio riesgo, sin permitir al propietario agotar el trámite que establece la Resolución No. 08-93 del Ministerio de Vivienda (MIVI).
La petición de desalojo de todos los que ocupen el edificio se da luego que la Dirección de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda (MIVI) clausurara la infraestructura, por considerarla un peligro para los que allí habitan.
La resolución de condena resolvió entre sus puntos: ordenar la demolición de la infraestructura, dándole al propietario un periodo de 30 días para cumplirla, una vez esté desocupado el inmueble.
De acuerdo con un censo realizado por el MIVI entre los residentes de la Renta 5, se ha podido comprobar que en el inmueble residen familias sin capacidad crediticia, por lo que éstas serían reubicadas en barracas construidas por la entidad.
Jované ha manifestado que tanto la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de Calidonia, la CSS y el MIVI, están claros en que la solución final es desalojar y demoler el edificio, sin dejar de desconocer los derechos humanos.
Recientemente estas entidades nombraron una comisión para definir el destino final de la Renta Cinco. En la comisión también está la Dirección de Migración, que será la encargada de identificar y captar la información de un grupo de indocumentados que vive en el inmueble.
FB: Por supuesto que pueden influir en la inversión. Los inversionistas no quieren poner su dinero en un país donde hay una percepción de corrupción. Los banqueros legítimos no quieren utilizar un sistema financiero donde hay la impresión de que los fondos pueden ser utilizados por los corruptos. Las condiciones para la inversión que se buscan incluyen lugares limpios o donde hay compromiso por parte del gobierno y la sociedad para frenar las tendencias de corrupción a través de programas de reformas. Sin instituciones fuertes, sin mecanismos para sancionar a los corruptos, se podría suscitar más corrupción.
EPA: ¿Qué consejo daría usted para mejorar la economía de Panamá?
FB: En mi opinión, la única manera para luchar contra la pobreza, el desempleo, la falta de dinamismo económico es por la vía de mercados libres, de comercio abierto y de la inversión. Panamá se ha beneficiado de la inversión extranjera. Tiene algunas ventajas naturales, como su posición geográfica entre sur y norte, entre el Atlántico y Pacífico, telecomunicaciones muy desarrolladas, transporte multimodal, sistema financiero sofisticado y disfruta una estabilidad política y una fuerza de trabajo educada.
Pero, en esta economía, Panamá tiene que adoptar políticas para ganar la competición y atraer la inversión. Tiene que resolver problemas en su estructura que impiden la inversión. Por ejemplo, es muy difícil que una empresa extranjera se establezca aquí sin conseguir el permiso de docenas de ministerios. Se necesita un mecanismo más ágil y más fácil para atraer la inversión. Se necesita un sistema moderno de administración pública para que el sector privado pueda actuar sin mayores reglamentos, especialmente los que no son claros y pueden impedir, en vez de facilitar, las actividades de las empresas.
222Panamá tiene que reestructurar su sistema de administración pública para invertir, sin que haya que pedir permiso a docenas de ministerios.
Los inversionistas también buscan un Código Laboral flexible y finanzas públicas sanas y responsables. Más que nada, la seguridad jurídica es el factor más importante para el inversionista, porque él necesita una garantía de que va a recibir un tratamiento justo, un campo plano para competir con otros y un tratamiento no arbitrario por parte de las autoridades del gobierno. Tiene que entender las reglas del juego, firmar contratos que sean respetados, a pesar de los cambios de gobierno. Texaco es un ejemplo de una empresa norteamericana que cambió su contrato con el Estado después de un procedimiento largo, de más de dos años de negociación.
Panamá está en competencia con otros países y tiene que ofrecer las mejores condiciones. Esto podría resultar en inversiones mucho más amplias y dinámicas.
EPA: Sobre las instituciones que tienen que ver con la entrada de personas al país, hay denuncias de que el nepotismo afecta su función, como por ejemplo Migración, Aduanas y la Policía. ¿Qué opina de esta situación?
FB: Lo importante es que el gobierno tenga vigilancia constante para fiscalizar y regular la entrada de personas. Necesita una política sobre el tipo de personas que Panamá quiere atraer y qué tipo quiere excluir.
Francamente nosotros estamos disfrutando de una colaboración con la directora de Migración (Ilka de Barés, esposa del director de la Policía, Carlos Barés) mejor que todos sus "antecedentes" (anteriores).
Ella está poniendo en marcha algunos reglamentos y procedimientos que favorecen la vigilancia y los controles. Hay que enfatizar que este tipo de controles son medidas para proteger la independencia, la seguridad y la soberanía de Panamá.
Nosotros estamos colaborando con ella en la implementación de sus planes. Había muchos problemas en el pasado bastante reciente (en lo que se refiere) a la vigilancia. Los problemas no desaparecen con los nombramientos de un nuevo director, porque es un proceso. Nosotros estamos enfrentando un proceso en Estados Unidos para establecer una política de balance porque queremos atraer a turistas, empresarios, a través de un sistema de Migración y a la vez bloquear la entrada de terroristas, criminales y otros no deseables. Hay que establecer una política muy fina para discriminar. Nosotros reconocemos que en esta lucha grande contra el terrorismo internacional necesitamos la colaboración fuera de nuestras fronteras y por eso prestamos mucha atención al nivel de vigilancia a un país como Panamá con todas sus rutas aéreas, marítimas y terrestres que podrían abrir las puertas hacia Estados Unidos.
EPA: ¿Los planes de capacitación de la Fuerza Pública se han incrementado después de los atentados del 11 de septiembre?
FB: Me alegra mucho que desde el 11 de septiembre hemos recibido la plena colaboración del gobierno de Panamá y el apoyo y solidaridad de los panameños. Hemos recibido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos en la investigación del financiamiento del narcoterrorismo, usando la ley contra el blanqueo de capitales. La amenaza es grande y los recursos son pocos para hacer un esfuerzo efectivo. La presidenta me dijo varias veces que la misma amenaza de Estados Unidos amenaza a la economía y al Estado panameño.
Estamos en estos momentos elaborando con Panamá y la Autoridad Marítima un gran plan de ampliar la seguridad de los puertos y las vías marítimas. Los ataques del 11 de septiembre fueron por avión, pero es muy posible que los próximos podrían ser a través de las vías marítimas y por eso la vigilancia de los puertos. El Canal de Panamá podría ser la próxima área de énfasis.
EPA: Ha habido un cuestinamiento a la Fuerza Pública sobre el incremento de violencia y ola de crímenes, incluso por parte de la misma Iglesia. ¿Cree usted que el presupuesto y la cantidad de agentes son suficientes para enfrentar la ola de violencia?
FB: La responsabilidad de garantizar la seguridad personal de cada panameño corresponde sólo parcialmente a la Policía, porque las raíces de la violencia son la pobreza y el desempleo que la Policía no puede resolver. La parte de las deficiencias en el sistema judicial no es responsabilidad de la Policía. Se necesita una fuerte educación cívica y la Iglesia podría jugar su papel y también las escuelas del país podrían contribuir. La solución de los problemas de violencia es la responsabilidad de muchas instituciones, algunas del Estado y otras de la sociedad civil, y todas necesitan los recursos para elaborar programas que solucionarían el problema de violencia. Ojalá que una recuperación de la economía mundial pueda mejorar la situación, pero Panamá no debe esperar a un cambio grande en el dinamismo en la economía mundial. Debe tomar la iniciativa durante esta época más baja de la economía para enfrentar problemas de violencia.
Estados Unidos está ayudando en algunas áreas. Tenemos más de 100 voluntarios del Cuerpo de Paz en varios distritos en el interior, trabajando con los campesinos. Tenemos un proyecto de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para renovar la administración de justicia, mejorar su transparencia, apoyo a los fiscales para investigar los crímenes, además de los programas para fortalecer la Fuerza Pública y el programa Nuevos Horizontes que comenzará en Chiriquí en enero próximo, para mejorar la calidad de vida de los pueblos con escuelas, clínicas y carreteras.
EPA: En Panamá hay 72 periodistas demandados por calumnia e injuria. ¿Cree usted que hay una verdadera libertad de expresión?
FB: En Panamá hay una libertad amplia. La ley permite que un periodista puede ser enjuiciado por calumnia o por criticar a funcionarios del gobierno. Cualquier sociedad tiene que hacer su propio balance entre la libertad y el libertinaje. No son absolutos. Hay muchas críticas del profesionalismo del periodista, pero éste debe disfrutar del derecho para obtener la información del gobierno, para investigar actos de corrupción y para criticar a los funcionarios.
Como el funcionario más alto de Estados Unidos aquí, yo he recibido varias criticas. En mi país son sanciones civiles y no penales. Hay remedios en los casos de calumnia, pero su solución es por otra vía.
Yo creo que los ciudadanos tienen derecho de conocer los compromisos que hace su gobierno. No es factible que todos los medios de comunicación participen junto con el gobierno en cada paso de negociación. Al fin del día, los ciudadanos podrían juzgar si sus gobernantes están tomando las decisiones correctas.
Hay muchos acuerdos que yo he firmado durante mi permanencia aquí. Creo que la mayoría de los panameños están dispuestos a favorecer los compromisos que han hecho los gobiernos de EU y Panamá. Sé que la opinión de los medios de comunicación es algo diferente. Realmente hay dos audiencias distintas "y no es necesario que los medios representen a la opinión pública".
EPA: Cuando EU administraba el Canal, por su propia reglamentación, no podía desarrollar las áreas adyacentes a la vía acuática. Panamá lo esta haciendo ahora. ¿Cómo cree usted que lo está haciendo?
FB: Esta vía marítima está en muy buenas manos. Ha habido un cambio en la filosofía, porque la administración está mucho más interesada en la competitividad, la comercialización y en la rentabilidad del Canal. Por esto tiene planes muy amplios para su expansión. Al lado, tiene una responsabilidad que no tenía Estados Unidos: Proteger la cuenca hidrográfica.
También la Autoridad del Canal tiene que buscar el apoyo de otras entidades. En esa materia está actuando bien técnicamente y está aprendiendo y aplicando sus conocimientos tanto en los asuntos técnicos como políticos. Hoy no es sólo un cuerpo de ingenieros que opera el Canal, hoy Panamá tiene que estar más consciente de las fuerzas políticas, sociales y económicas que operan en todo el país. Es un reto grande.
