Sobre la base del acuerdo logrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Caja de Seguro Social (CSS), a esta institución se le aprobará finalmente una partida muy cercana al 100% de lo que solicitó originalmente, aseguró Omar Castillo, director Nacional de Presupuesto.
Explicó que originalmente la CSS solicitó un presupuesto de B/1,285 millones y después de las negociaciones que se realizaron la semana pasada, se acordó que la cifra quedaría en B/.1,222 millones y al final sólo se le recortó B/.62 millones.
Castillo dijo que durante las conversaciones entre el MEF y la CSS se dispuso que en el caso que se logren los ingresos correspondientes, el gobierno le aprobaría esos B/.62 millones por medio de créditos extraordinarios.
Entonces al final de cuentas, la CSS quedaría con un 100% del presupuesto que solicitó originalmente, siempre que logre los ingresos correspondientes, lo que logran muy pocas instituciones del Estado, ya que a la mayoría se le aplican recortes a la cifra que solicitan.
Castillo expresó que hay que tomar en consideración que históricamente la CSS ha logrado una ejecución presupuestaria de aproximadamente el 94%; es decir, que hay un remanente del 6%; una cantidad que al cierre del año fiscal, a pesar de estar en el presupuesto, se queda en el papel porque no es ejecutado por diversas razones. El director Nacional de Presupuesto manifestó que esta práctica de dejar un monto sin ejecutar, no es exclusiva de la CSS; la mayoría de las veces queda un porcentaje de "subejecución" en las instituciones del Estado. y eso es lo que no debe suceder a partir del año 2003.
Sobre la base de las normas de responsabilidad fiscal y endeudamiento que establece la Ley 20 de mayo de este año, no se podrá tener más ese porcentaje de "subejecución".
El 2003 será el primer año en el cual las instituciones tendrán que acogerse a estas normas de responsabilidad fiscal y por lo tanto el presupuesto será de caja o sobre la base de los ingresos que realmente se recauden durante el período fiscal, no podrá haber un déficit que supere el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
