Tanto el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez Llorens como el exsubdirector Marlon de Souza denunciaron que el nuevo informe presentado por la dirección de auditoría de esta institución ante la fiscalía, sobre el sistema SAP, está amañado.
Sáez Llorens confirmó que la fiscalía lo está llamando junto a 10 personas más a una indagatoria porque en la documentación presentada se señala que el sistema SAP es inoperante.
"El haber dicho que el SAP es inoperante demuestra la falta de conocimiento", señaló. Agregó que el sistema es un producto que tiene más de 43 años instalado en más de 300 mil clientes en Panamá.
Para el exdirector, los inoperantes son ellos (los que entregaron el informe de auditoría) porque este sistema quedó implementado desde junio del 2012. "Quedó trabajando cuando nosotros salimos, está funcionando, con eso se pagan las compras, entre otras ventajas", explicó.
Afirmó que antes de que llegara el SAP a la CSS, todo se hacía manual, por lo que con este se ha beneficiado mucho el área financiera, administrativa y de recursos humanos.
Explicó que en el reporte, los auditores reflejan que ellos no son idóneos para hacer este tipo de informes y piden ayuda a la Universidad Tecnológica, mientras que otros aseguraron que el SAP está funcionando.
El exfuncionario aclaró que el llamado a indagatoria es porque, supuestamente, el sistema es inoperante y no por las supuestas coimas que recibieron, como pretende hacer ver un diario de la localidad.
Sáez Llorens cree que detrás de este nuevo informe amañado está el actual director de la institución, junto con un grupo de directivos, con el objetivo de tapar la ineptitud y la cantidad de problemas que tienen.
"Lo que hacen es sacar nuevamente este informe amañado para perjudicarnos, cuando lo que tienen que estar haciendo es velando por la institución y por el desarrollo de la CSS", sostuvo.
Licencias
Marlon de Souza, exsubdirector de la CSS, alegó que si el SAP es inoperante, por qué en septiembre de 2015, el director general emitió una resolución adjudicándole a la misma empresa que brindó el sistema la compra de más licencias por el valor de un millón de dólares.
Detalló que la fiscalía, en vez de ver si el sistema es inoperante o no, "automáticamente se agarró de eso para llamar a exfuncionarios de la CSS por, supuestamente, haber ocasionado una lesión patrimonial al Estado por $14.5 millones, al comprar algo que dicen ellos que no sirve, pero que lo están usando".
"Hay dos personas que hoy son funcionarios y no se les dio la oportunidad de hacer sus descargos. Les han violado sus derechos y no se les ha podido explicar que lo que ellos están interpretando está totalmente errado", afirmó.
Denunció que hay varias denuncias que se han presentado a la Contraloría en contra del actual director de auditoría de la CSS, Francisco Batista, por amañar expedientes y bajarles las deudas a empresas como Petaquilla Gold, donde trabajaba de contralor.
Guerra ve sin fundamento orden de detención de Aaron Ronny Mizrachi
El abogado Silvio Guerra, defensa del empresario panameño Aaron Ronny Mizrachi, manifestó que no hay pruebas, sustento ni fundamento para emitir la orden de detención contra su cliente.
Guerra lamentó que el Ministerio Público continúe con la práctica de filtrar información a algunos medios de comunicación antes de dar a conocer la decisión a la parte afectada.
Adelantó que ya empezaron a tomar algunas acciones, las cuales no fueron reveladas por motivos de estrategias de la defensa del empresario Aaron Ronny Mizrachi.
"Al parecer existe un Ministerio Público que está funcionando en la 12 de Octubre (sede del diario La Prensa) y otro que funciona en los despachos de la fiscalía", expresó.
Guerra agregó que "si el periódico que divulga la noticia tiene la primicia, y al abogado que se apersona se le dice que no existe, y después que sí existe, siento que esto es un golpe al ejercicio serio de la profesión de abogado en Panamá".
