Un "pacto anti-corrupción" firmarán las empresas proveedoras de medicamentos y los funcionarios de la Caja de Seguro Social a fin de garantizar la transparencia en los procesos de compra y suministro de medicinas, reveló ayer el director de la Caja de Seguro Social, Juan Jované.
El economista advirtió que han coordinado con Transparencia Internacional para que se firme un "pacto" a través del cual los trabajadores y funcionarios de la institución eviten la "coima" y actos de corrupción.
Añadió que también se trabaja en reducir los tecnicismos que utilizan las empresas proveedoras para dilatar el proceso de abastecimiento de medicamentos.
"Hay que estar seguro de lo que se está comprando y si se hace a tiempo para evitar recursos que dilaten el suministro de medicamentos, porque al final quien sufre es el pueblo panameño", acotó Jované.
Señaló que se quiere que las empresas proveedoras eviten los recursos impugnando las licitaciones, y que lo hagan si el proceso es irregular, de lo contrario no.
"Las empresas tienen derecho a defender sus derechos y que no sea por simple razón si pierdo demando", precisó el funcionario.
Indicó que es importante corregir los problemas existentes en el proceso de compra y abastecimiento de medicamentos para evitar que las instalaciones de la Caja de Seguro Social sigan sufriendo escasez de medicinas.
Por otra parte, Jované informó que luego de las fiestas patrias reactivará la "Comisión de Contacto-Seguimiento" donde participan empresarios, asegurados, jubilados y trabajadores de salud para discutir el modelo de atención y seguridad.
Detalló que se quiere llegar a la ciudadanía a través de una atención descentralizada donde se tenga una relación directa con los asegurados y evitar cargar el Complejo Hospitalario Metropolitano.
Jované recalcó que el presupuesto de la institución para el próximo año es de mil 200 millones, de los cuales 222 millones son destinados para el fondo actuarial de la Caja.
Apuntó que este presupuesto es grande para un país con un Producto Interno Bruto (PIB) que oscila en B/.9 mil millones.
Señaló que se quieren utilizar los recursos con mayor eficiencia, tanto a nivel administrativo como médico, y dar respuestas a las prioridades de la población.
"Queremos implementar un sistema de indicadores para ver si los recursos se están utilizando bien y ver si estamos cayendo en las prioridades", sostuvo Jované.
Planteó que crearán un núcleo que convertirán en la oficina de Defensoría de los Derechos de los Asegurados, donde todos podrán presentar las quejas sobre el sistema de atención.
