La Fiscalía Primera Superior decretó la medida cautelar de "cuartel por cárcel" para el subcomisionado de la Policía Nacional, Luis Ortega; el subteniente, Ernesto Blake, y el cabo primero, Eduardo Enrique Barreno Bernal, en las investigaciones que se adelantan por los cinco menores del Centro de Cumplimiento que murieron quemados.
Bajo esta misma medida, ya se encontraban las unidades Maikol Joel González y Joel Rodríguez, quienes se mantienen recluidos en la sede de la Policía Nacional.
La decisión fue adoptada ayer, luego de que los policías se presentaran a la Fiscalía para la diligencia indagatoria, en la cual se acogieron al Artículo 25 de la Constitución, para no declarar.
Además, la fiscal Geomara Guerra les amplió los cargos a Ortega y Blake por castigo infamante, vejación y medidas arbitrarias en perjuicio de los menores de edad, según la abogada Nora de Sánchez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados.
Diligencia.A las 10:00 de la mañana se inició la diligencia, cuando las unidades llegaron en civil acompañadas de abogados de la institución policial, incluyendo a la asesora legal Yazmín Ramírez.
Luego de tres horas, los sindicados salieron por el sótano de la Fiscalía a bordo de dos autos.
El jurista Carlos Herrera Morán sostuvo que insistirán en la detención preventiva de los policías.
"No vamos a permitir más impunidad, les acaban de dar cuartel por cárcel, que es como mandarlos a vacacionar en la Policía", aseveró.
Mientras tanto, Martín Caicedo, el abogado privado del subcomisionado Ortega, explicó que espera que se dé una investigación objetiva e imparcial, y añadió que si alguien resulta responsable, deberá pagar.
"Si hay alguien que actuó con negligencia, omisión o que se excedió, que se le juzgue si las investigaciones así lo determinan... pero tenemos un juicio público que ante la sociedad todos los policías son culpables y asesinos, eso me parece peligroso", enfatizó el defensor.
Personal.Tras una reunión en la que participó la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y el secretario general de la Procuraduría, Ramsés Barrera, se dispuso incorporar a cuatro funcionarios más a la Fiscalía Primera Superior para que colaboren en la investigación.
En tanto, en el Ministerio de Gobierno se realizó una reunión en la que se discutió la apertura de carreras de formación penitenciaria y la búsqueda de mecanismos con el Órgano Judicial para acelerar todos los procesos que involucran a menores.
La citada iniciativa busca beneficiar a los menores que tienen más tiempo de lo necesario recluidos dentro de los centros de custodia.
