El abogado Rogelio Cruz, defensor de Luis Posada Carriles, aseguró ayer que el gobierno cubano presionó a las autoridades panameñas para emitir un fallo condenatorio contra su cliente y que todos los sindicados en este proceso deben ser puestos en libertad, tras cumplir más de las dos terceras partes de la condena aplicada.
Cruz aseguró que las autoridades cubanas tienen amistades en el Ministerio Público, quienes influyeron para promover un fallo condenatorio contra Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Gaspar Jiménez, César Matamoros, Pedro Remón y el panameño José Manuel Hurtado.
"El gobierno de Cuba ha presionado tanto a las autoridades panameñas que aún no han resuelto la extradición solicitada por Venezuela y ello se convierte en una amenazada latente de que Posada Carriles termine en Cuba", aseguró.
Sostuvo que la seguridad e integridad física de los detenidos está en riesgo y que no esperaba justicia a nivel de los juzgados de circuito, lo que quedó demostrado en el fallo emitido por el juzgado quinto penal.
Planteó que el fallo contiene una serie de inconsistencias, que constituyen una vergüenza para los abogados panameños, pues en la resolución se declara la nulidad de los cargos por posesión de explosivos y asociación ilícita para delinquir.
Sin embargo, el juez aplica sanciones por el delito de atentar contra la seguridad colectiva por el uso de explosivos que causarían un daño al presidente cubano, Fidel Castro, y las personas que se encontraban a su alrededor, explicó.
En tanto, la abogada Ana Belfon, representante legal de José Manuel Hurtado y de César Matamoros, alegó ayer que también presentó una apelación contra la condena aplicada, además de solicitar la libertad de todos los implicados.
Detalló que Hurtado fue condenado a cuatro años de prisión y al momento del juicio tenía más de tres años de arresto y el artículo 2141 del Código Judicial establece su liberación por haber cumplido casi la totalidad de la condena.
En tanto, Emilio Royo Linares, encargado del manejo de la extradición de Posada Carriles, dijo que la petición para enviarlo a Venezuela se realizó en el 2002, pero a la fecha no hay respuesta del Ejecutivo.
Entre tanto, Cuba consideró ayer "insuficientes"" las penas de siete a ocho años de cárcel impuestas en Panamá a cuatro anticastristas que el presidente Castro acusó de planificar un atentado en su contra.
"De ello ha resultado que las penas impuestas a los terroristas sean a todas luces insuficientes"", manifestó un comunicado de la cancillería cubana.
Según la dependencia isleña, aunque se probó plenamente la culpabilidad de los encartados, las penas impuestas no se corresponden con la gravedad de los hechos que cometieran".
Por otro lado, el exilio anticastrista de Miami consideró "severa", no fundada en pruebas o producto de "presión política" la condena de ocho años de prisión dictada en Panamá contra Posada Carriles.
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