El acuerdo consensuado entre los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Demócrata Cristiano (PDC) con la administración Moscoso, que contiene los Fundamentos de la Política de Seguridad Panameña, es "un traje hecho a la medida de Estados Unidos, porque contempla aspectos que fueron rechazados por el gobierno anterior cuando se negociaba el establecimiento del Centro Multilateral Antidrogas", afirmó el exdirectivo del colectivo torrijista, Mitchel Doens.
Según el exmiembro del CEN del PRD, este colectivo debe revisar muy bien lo que está acordando, porque sería muy triste que después de haber dejado un país independiente y soberano, a los seis meses los estadounidenses logren lo que no pudieron con un gobierno liderado por el PRD.
Sustentó que sería lamentable que después de tanto nadar, con respecto a perfeccionar nuestra soberanía, vengamos a morir a la orilla y con la complacencia del PRD, porque este acuerdo "es un retroceso de lo que fue la lucha de la liberación que con concluyó el 31 de diciembre".
Doens pidió a los actuales dirigentes de su partido, que tengan mucho cuidado con lo que están aprobando, porque el gobierno de Estados Unidos estado presionando a la administración de Mireya Moscoso, para concretar un plan que busca legitimar las actividades que están desarrollando en Corozal y que actualmente no están amparadas bajo ningún acuerdo que tenga validez legal.
El exdirigente del PRD rechaza que el problema de la droga sea analizado en este acuerdo como un problema bilateral entre Estados Unidos y Panamá, porque el narcotráficoatañe a todo el continente.
Explicó que taxativamente estos planteamientos no aparecen en el documento, sino que hay que leer entre líneas para comprender, que cuando se habla de entrenamiento, apoyo logístico, capacitación, intercambio de inteligencia y ejercicios docentes, "se esconden interpretaciones" que podrían permitir a Estados Unidos ir más allá y más cuando un gobierno es complaciente.
De acuerdo a Doens, el canciller José Miguel Alemán y el premier Winston Spadafora "han firmado documentos que nadie sabe" y éste , que lleva el beneplácito de la actual dirigencia del PRD, contiene aspectos planteados por Washington y que fueron negados por la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Consideró que está de acuerdo que se establezca un plan de seguridad, pero panameño, que vele por los intereses nacionales, contemplando aspectos multilaterales y no bilaterales como lo plantea Estados Unidos.
Explicó que el documento tal como quedó plasmado con la anuencia del PRD y el PDC, da a Estados Unidos la oportunidad de utilizar como pretexto la situación que vive Colombia, para sustentar tener un pie de fuerza en Panamá.
Por su parte, el expresidente de la República, Jorge Illueca, criticó este plan y responsabilizó a quienes lo elaboraron por no aclarar dudas respecto a ciertos temas de interés nacional.
Esta estrategia obedece a un consenso tripartidista y no a uno nacional, manifestó Illueca, en una misiva enviada a El Panamá América.
"Sus autores deberán responder ante la historia por las interrogantes que han dejado sin respuesta en el documento", aseveró el expresidente, al preguntarse: ¿quiénes manejarán el equipo del complejo de comunicaciones de Corozal?, anteriormente utilizado por el ejército de los Estados Unidos para recabar información y que formaba parte del proyectado Centro Multilateral Antidrogas (CMA).
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