Datos
- Pérdidas
- Estos despidos también causaron pérdidas por las capacitaciones asumidas por el Estado. Por ejemplo, el fiscal Giovanni Olmos fue preparado en propiedad intelectual, medioambiente y otros entrenamientos en el extranjero.
- Ganancias
- La HD Ana Matilde Gómez cobró un cheque por $394,157.06 en concepto de financiamiento poselectoral.
A pesar de haber provocado que el Estado desembolsara solo en salarios caídos a unos nueve funcionarios del Ministerio Público tres millones de dólares por despidos injustificados, la hoy diputada Ana Matilde Gómez se ha convertido en una crítica de los despidos realizados en la actual administración de la Contraloría y de la Caja de Seguro Social.
Durante su gestión como procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez botó a unos ocho fiscales y al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas, en lo que estos denominaron procesos de persecución, por lo cual la situación llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
En todos estos casos, la Corte falló a favor de los funcionarios afectados.
Gómez incluso abrió procesos disciplinarios contra una serie de funcionarios, muchos de los cuales decidieron retirarse de esa institución.
Despedidos
Entre los fiscales destituidos en esa ocasión están Argentina Barrera, Nedelka Díaz, Edwin Álvarez, Giovanni Olmos, Arquímedes Sáez, Fernando Gutiérrez y Rolando Rodríguez Cedeño, además de Humberto Collado, quien fue separado y luego renunció.
El diputado opositor Vidal García pregunta “¿Con qué autoridad Ana Matilde Gómez se para en la Asamblea a especular sobre presuntas lesiones, cuando sus propios actos sí perjudicaron los procesos de justicia y al erario público?”.
García aprovechó la comparecencia de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini (acto transformado en juicio ilegal por parte de la bancada oficialista y su aliado PRD), para preguntarle cuánto le costó al Estado el pago de vacaciones y sueldos caídos de los funcionarios botados sin fundamento legal por parte de Gómez, cuando ejerció como procuradora de la nación bajo la administración de Martín Torrijos.
“Aprovechar la Asamblea y la TV para venir a hablar como si fuera impoluta es doble moral. Lo digo de frente, no le tengo miedo a nadie. Además, creo que debe haber una ley para que este tipo de funcionarios respondan por los daños que causan tales actos”, concluyó García.
Aspecto legal
El abogado Neftalí Jaén detalla -en efecto- que no hay responsabilidad directa por ley en estos casos. Aunque agrega que si la Corte Suprema de Justicia, a través de un proceso con un juzgado, determina que hubo incumplimiento de los deberes del servidor público, allí sí se podría aplicar alguna sanción de tipo penal, pero mediando un proceso.
En el caso de Humberto Mas, cuando se ordenó su reintegro como director del Instituto de Medicina Legal, la exprocuradora se atrevió a desafiar la orden de la Corte, al revelar su intención de abrir el puesto a concurso.
