La labor que desempeñan las fiscalías Anticorrupción no aparece con claridad en el informe de Panamá en materia de lucha contra la corrupción que presentó la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia, Alma Montenegro de Fletcher, el pasado 4 de diciembre, en Washington.
Las observaciones y recomendaciones que hicieron los miembros del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) dan cuenta de ello.
Este organismo alertó que en Panamá se han abierto numerosas investigaciones sobre "delitos contra la administración pública", pero la información sobre las sentencias condenatorias y absolutorias es muy confusa.
El informe de la Secretaría Nacional de Transparencia precisa que las fiscalías Anticorrupción tramitaron 6,965 expedientes desde el 2003 hasta el 2006, de los cuales egresaron 3,670, es decir, cerca del 50%.
El Comité de expertos del MESICIC llamó la atención de que la información referente a las sentencias condenatorias y absolutorias no se encuentra desagregada por delito, lo que imposibilita el análisis respectivo. El informe tampoco indica las causas de la absolución, tales como la prescripción o preclusión.
Estos detalles impidieron a los expertos realizar una valoración integral de los resultados relativos a las conductas delictivas tipificadas por Panamá, analizado en relación con los actos de corrupción previstos en el artículo VI de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por ello, el Comité recomendó a la Secretaría Nacional de Transparencia contra la Corrupción ingresar la información estadística a una base de datos automatizada.
