El Pacto Etico Electoral cuestionó ayer la "evidente injerencia" de la presidenta Mireya Moscoso en el proceso electoral y el decreto del Tribunal Electoral que permite a la mandataria y a otros funcionarios de elección popular hacer campaña política a favor de candidatos específicos.
Según el presidente de este organismo (que forma parte del Comité Ecuménico de Panamá), Alcibíades López, existe una clara injerencia del Ejecutivo en el proceso político, lo que a su juicio es preocupante.
Precisó que Moscoso debe mantenerse neutral y dejar que los propios candidatos se disputen los cargos a los cuales aspiran.
Los miembros de la organización expresaron ayer, a través de un comunicado, su profunda preocupación porque se mantenga el respeto a la Constitución Nacional, con la finalidad de que no se usen los recursos del Estado, de manera directa e indirecta, para favorecer a candidatos específicos.
Según López, la Constitución, en su artículo 130, numeral primero, prohíbe de forma taxativa el apoyo oficial directo e indirecto a candidatos a puestos de elección popular.
El Decreto 20 de 23 de junio de 2003, que es el que se cuestiona, permite a los funcionarios que han accedido a su posición por mandato popular, activarse a favor o en contra de los partidos y candidatos, a cualquier hora, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial.
Según López, los principios cardinales del derecho han sido interpretados de manera antojadiza, cuando por medio de un decreto se intenta cambiar lo preceptuado en la Constitución.
