El establecimiento de un nuevo impuesto a los marinos filipinos y la obligación de usar sólo dos centros de evaluación para estos trámites, uno de los cuales estuvo involucrado en el escándalo de falsificación de carnés de marinos, denunció ayer Juan Felipe Pitty Córdoba, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo.
De acuerdo con la misiva, a la cual tuvo acceso El Panamá América, Pitty solicita al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, una reunión “urgente” para abordar este tema.
Según Pitty, es necesario que la AMP indique cuál es la norma internacional que crea la obligación legal de este nuevo requisito, que representa B/.50.00 por marino y cuál es el porcentaje que se destinará al fisco panameño.
“Desean saber si el porcentaje es igual al cobro consular, donde la comisión es sólo de 10 balboas con el excedente, siendo transferido al fisco panameño”, cuestionó.
Otras de las inquietudes, es determinar cuál fue el procedimiento de selección de las dos agencias, y si los demás centros autorizados están siendo excluidos.
Interrogó, cuál es la Ley de Contratación Pública que delega en entes privados la función pública indelegable de recopilación de fondos en la prestación de servicios estatales.
Planteó que la circular es excluyente, porque sólo hace referencia a los marinos filipinos y no a los de otras naciones, ya que se limita a los consulados asiáticos y de Oceanía.
Advirtió que la medida ha causado un profundo disgusto entre los usuarios a menos de dos años de los problemas con las clínicas acreditadas y no acreditadas en Manila, fuera de que una de las dos entidades a las que la AMP favoreció con esta nueva acción no tiene credibilidad en un tema tan sensitivo para la seguridad del país, como es la expedición fraudulenta de carnés de marino.
Ante esta situación solicitan la aplicación de correctivos inmediatos.
