Si la Corte Suprema decidió reabrir el caso Cemis, basado en las pruebas presentadas por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, deberá explicar la validez de las documentaciones, dijo ayer la presidenta del Colegio de Abogados, Martha López de Martin.
Agregó que de manera general las conversaciones, la propiedad privada y todo lo que compete a un ser humano debe ser “inviolable”.
Esta opinión es compartida por el ex magistrado Edgardo Molino Mola, quien aseguró que las autoridades tendrán que analizar la ‘licitud’ o ‘ilicitud’ de las pruebas, eso es lo que se tendrá que discutir posteriormente.
Indicó que a primera vista, no le parece que la filmación del video entregado a la Corte Suprema constituya un delito.
Mientras, el catedrático Miguel Antonio Bernal aclaró que es un “delito” grabar a una persona sin tener previo consentimiento de las partes.
Por su parte, José Abel Almengor, asesor presidencial, dijo esta semana que le corresponderá a la Corte Suprema analizar los elementos de forma con relación al mecanismo que se usó para realizar las grabaciones y su valor probatorio.
